Desde finales del pasado marzo, mes en que concluye el año fiscal en Japón, el valor total de los bonos, obligaciones y créditos aumentó en 17.4 billones de yenes (unos 134,628 millones de euros), lo que supone un incremento trimestral del 1.7 por ciento.
El dato confirma que la deuda se mantiene por encima del doble del PIB, que en el año fiscal 2012 se situó en los 474.8 billones de yenes (3.7 billones de euros).
Para paliar la enorme deuda del país, motivo de preocupación del resto de la comunidad internacional, se espera que el gobierno siga adelante con su anunciado plan para incrementar, por primera vez en 15 años, el impuesto sobre el consumo, una medida aplaudida por organismos como el FMI o la OCDE.
En este sentido, el anterior Ejecutivo aprobó una subida gradual de este impuesto desde el 5 por ciento actual al 8 por ciento en 2014 y al 10 por ciento para 2015, a fin de cubrir los costes cada vez más elevados de la seguridad social nipona.
A pesar de que todo apuntaba a que en abril de 2014 se empezaría a implementar el controvertido gravamen sobre el consumo (un pilar que supone aproximadamente el 60 por ciento del PIB del país), el gobierno de Shinzo Abe ha recalcado que tomará una decisión definitiva después de analizar cautelosamente su impacto en la economía.
Desde su llegada al poder, el principal objetivo de Abe ha sido la consolidación fiscal, para lo que ha puesto en marcha una política de estímulo, conocida con el nombre de "Abenomics", reforzada por agresivas medidas de flexibilización por parte del Banco de Japón.
La meta es la de impulsar las debilitadas finanzas del país y lograr una inflación sostenida del 2 por ciento en un periodo aproximado de dos años.
Al margen, ayer el Gabinete de Abe aprobó una reforma fiscal a medio plazo encaminada a reducir el presupuesto en 17 billones de yenes (131,533 millones de euros) durante los próximos dos años, al margen de contar con el firme compromiso de no incrementar la emisión de deuda ni elevar el gasto de la seguridad social.
El plan de rehabilitación fiscal, que deberá ser ratificado por la Dieta (Parlamento), prevé también el recorte de los gastos destinados a proyectos públicos en un 10 por ciento interanual durante 2014 y un fondo de reserva para impulsar el crecimiento.