El Gobierno español no va a promover la compra ni la venta de permisos de residencia, aseguró hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, que dijo que la medida de facilitarlos a los extranjeros que adquieran una vivienda de 160,000 euros (unos 204,000 dólares) está en fase de estudio.
La iniciativa, que está especialmente enfocada al mercado ruso y chino, fue anunciada semanas atrás y generó críticas de representantes de la oposición que la calificaron de mercantilista y discriminatoria.
En una intervención parlamentaria, de Guindos explicó hoy que el Ejecutivo tiene una serie de objetivos, entre ellos fomentar la inversión, también en el sector inmobiliario "donde hay un exceso de capacidad evidente", en alusión a la gran cantidad de pisos pendientes de venta tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
También dijo que se creó un grupo de trabajo que está analizando diferentes alternativas para fomentar la internacionalización y atraer nueva inversión a España.
Entre las medidas que estudia este grupo está la de eliminar barreras burocráticas para aquellos ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea que quieran adquirir una vivienda.
Sin embargo, puntualizó el ministro, el Gobierno no tomó ninguna decisión al respecto ya que esta propuesta "está en fase de estudio, como otras muchas".
Se trata de una petición tradicional de multinacionales, reconoció de Guindos, quien agregó que dar permisos de residencia a cambio de la adquisición de una vivienda podía atraer en un futuro a potenciales compradores.
En este sentido, recordó que esta medida ha sido implantada en algunos países como Reino Unido e Italia y que otros como Estados Unidos, al igual que España, la están contemplando.
"Las medidas que adoptamos cumplen siempre las garantías esenciales para la seguridad de la sociedad, el sostenimiento público y preservan siempre el interés general de todos los españoles", subrayó.
Por su parte, la diputada Soledad Pérez, del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), acusó al Gobierno de fomentar la compra de permisos de residencia por 160,000 euros y "dar de regalo un piso como si estuviésemos hablando de la oferta del mes".
En su opinión, esta propuesta responde a una política de inmigración "inmoral, mercantilista y discriminatoria que profundiza en la desigualdad social" y que puede generar todo tipo de fraudes, por lo que pidió al ministro que guarde la iniciativa "en un cajón".
Según datos difundidos por la unidad inmobiliaria de Catalunya Caixa, a finales de 2011 se acumulaban en España unas 800,000 viviendas de nueva construcción sin vender, una de las consecuencias más visibles del estallido de la burbuja inmobiliaria.