En un comunicado, el departamento de Justicia argumentó que esta práctica ha "causado daños" a muchos pasajeros y a pasajeros potenciales en todo el país, y que supone un caso de discriminación en violación de la ley federal de protección a las personas con discapacidad (conocida por el acrónimo ADA).
Uber empezó a cobrar la tarifa adicional por tiempo de espera en abril de 2016, un suplemento que se activa cuando el conductor debe esperar más de dos minutos desde que llega al lugar de recogida y hasta que el pasajero accede al vehículo y se inicia el viaje.
Según el Gobierno estadounidense, Uber debería haber modificado esta política de cobros para adaptarla y no perjudicar a aquellos pasajeros que, por su discapacidad, necesitan más de dos minutos para acceder a un automóvil.
Entre los ejemplos de discapacidades que pueden requerir tiempo adicional para entrar a un vehículo, el departamento de Justicia citó los casos de una persona que vaya en silla de ruedas y necesite que esta se pliegue y guarde en el coche, y el de una persona ciega que requiera tiempo adicional para llegar hasta el lugar de recogida.
Por ello, el Gobierno pide en su querella que los tribunales ordenen a Uber el fin de las prácticas discriminatorias contra las personas con discapacidad y que multe a la empresa para compensar a los pasajeros que hayan sido objeto de esta discriminación.
En un comunicado, la fiscal general asistente para la división de Derechos Civiles, Kristen Clarke, subrayó que las personas con discapacidad "merecen un acceso igualitario a todas las áreas de la vida en comunidad, lo que incluye los servicios de transporte privado que ofrecen compañías como Uber".
