Este registro, que había comenzado a elaborarse en marzo de 2013, cubre los derechos sobre todos los tipos de bienes inmuebles, indicó el ministro de Recursos Naturales, Wang Guanghua, en una rueda de prensa celebrada este martes.
Según datos gubernamentales, en la última década las autoridades chinas han emitido más de 790 millones de certificados de derechos sobre bienes inmuebles y 360 millones de documentos de registro.
El rotativo oficial Global Times calificó la iniciativa de "impulso" para el sector inmobiliario, sumido desde hace dos años en una crisis que, según las últimas estadísticas, parece haber tocado fondo ya.
El registro podría tener "implicaciones profundas" para el sector, poniendo unos "cimientos sólidos" para su desarrollo, según analistas citados por ese diario: "Ofrecerá a los reguladores una imagen completa y nítida de la propiedad de bienes inmuebles que les permitirá hacer mejores ajustes a sus políticas".
Uno de los problemas que ataja la creación de un registro unificado es la dificultad de las autoridades para conseguir datos "objetivos" a nivel nacional, ya que, hasta ahora, estos se encontraban diseminados por las distintas administraciones locales y regionales.
"La era en la que la gente obtenía grandes beneficios con la especulación inmobiliaria se ha acabado", explicó el economista Tian Yun en referencia al cierre, con el nuevo sistema, de algunos vacíos legales en lo referente al registro de las propiedades que podían ser utilizados para conseguir ganancias en operaciones inmobiliarias.
Otro de los puntos destacados para la prensa oficial es que la creación de este registro podría allanar el camino para la introducción de un impuesto armonizado sobre bienes inmuebles, que todavía no existe a nivel nacional y que el Gobierno lleva años planeando aplicar, aunque Global Times matiza que "no es inminente".
El Consejo de Estado (Ejecutivo) ya aprobó en octubre de 2021 una prueba piloto de este gravamen, pero la paralizaron medio año después dado que las autoridades consideraron que "no se daban las condiciones" ante la citada crisis inmobiliaria y los primeros rebrotes de la variante ómicron, que dejaron estrictos confinamientos y restricciones en el marco de la ya desmantelada política nacional de 'cero covid'.