El juez federal de Buenos Aires Norberto Oyarbide confirmó que evalúa una denuncia penal de Martín Redrado contra el Gobierno presentada el domingo, cuando se le impidió el ingreso al Banco Central en su calidad de gobernador del instituto monetario, cuya titularidad ejerce ahora Miguel Ángel Pesce, reconocido como tal por el Gobierno de Cristina Fernández.
Oyarbide aclaró a los periodistas que admitirá tratar la denuncia penal de Redrado en el actual período de receso judicial "si los acontecimientos revisten la gravedad suficiente", cosa que no ha decidido.
El conflicto estalló a comienzos de mes por la negativa de Redrado a cumplir un decreto presidencial para el pago de deudas con reservas, en coincidencia con preparativos de Argentina para refinanciar los bonos por un total de 20 mil millones de dólares que siguen en mora desde el cese de pagos de 2001.
El precio de los bonos soberanos argentinos revirtieron su tendencia desde el alza hacia la baja, pero el conflicto no ha tenido impacto en el mercado de cambios ni en el nivel de depósitos bancarios.
Redrado presentó el domingo su denuncia penal por "por abuso de poder" del jefe del gabinete, Aníbal Fernández, y en declaraciones que publica hoy la prensa el funcionario advirtió de que pasó de una actitud de defensa a la de "ataque" al Gobierno.
"Tengo las listas específicas de los amigos del poder que compraron dólares", aseguró Redrado al diario bonaerense Clarín, el más vendido del país, en velada referencia a presuntos ilícitos.
"Si Redrado no hace la denuncia, lo vamos a denunciar nosotros por encubridor", subrayó hoy el jefe del gabinete.
Aníbal Fernández insistió además en que "no tiene sentido" que haya intervenido la justicia, la cual dispuso que sólo el Parlamento puede habilitar el uso de las reservas del Banco Central y suspendió el decreto presidencial que ordenaba al instituto monetario separar 6 mil 569 millones de dólares para pagar deudas públicas a lo largo del año.
Redrado, designado para un mandato de seis años que vence en septiembre próximo, fue cesado el 8 de enero por un decreto presidencial que después fue anulado por dos fallos judiciales que reivindican la potestad del Parlamento para destituirlo, como adujo el funcionario.
El último de esos fallos, dictado el viernes por un tribunal de apelaciones, ordena que el Gobierno "no designe con carácter definitivo" a un nuevo jefe del Banco Central "hasta tanto" se cumpla el paso de la consulta no vinculante con una comisión bicameral del Parlamento que se reunirá por primera vez mañana.
El Gobierno interpretó que esto supone que Redrado ya no dirige a la entidad monetaria, cuyo directorio nombró el viernes a Pesce, que hasta ese momento ocupaba la vicepresidencia de la entidad.
La legislación argentina dicta que el pronunciamiento de la comisión bicameral, que preside el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, enemistado con el Gobierno desde 2008, es necesario para la destitución del gobernador del Banco Central pero no vinculante con la decisión que tenga el Ejecutivo.
El diputado oficialista Gustavo Marconato, uno de los miembros de esa comisión bicameral, insistió en que hace falta "un rápido pronunciamiento" para cerrar cuanto antes "el caso Redrado".