Durante la ponencia “Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos: de Arendt a Benhabib”, la investigadora propuso una ética de la responsabilidad, donde cada individuo se hace corresponsable de los derechos del otro y se acuerpa en su libertad de acción política.
La académica subrayó la desigual e inequitativa impartición de los derechos humanos y explicó que si bien estos derechos están construidos sobre la base de una misma ley para todos, las condiciones en que se desarrollan los grupos vulnerables requieren una revisión de fondo.
"De qué sirve que todos sean iguales ante la ley en un mundo de desiguales", afirmó Delgado Parra, quien retomando las teorías de Hanna Arendt, llamó a trascender las marcas de reciprocidad condicionada inscrita en las leyes para impulsar una ética de responsabilidad política desde la sociedad civil, a fin de promover una ciudadanía cosmopolita.
En este sentido, insistió en que los derechos humanos deben construirse a partir de la acción política y la capacidad de la gente para modificar su propio entorno; consideró los momentos de crisis como momentos de oportunidad, para proponer, hacer e incidir en nuevas formas de ver el mundo.
Por otra parte, Javier López Sánchez, representante del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, subrayó que actualmente dicho sector de la población se encuentra en condiciones de desventaja ante la ley a causa de la ausencia de traductores y mediadores de lenguas indígenas capaces de participar y hacer una adecuada defensa durante los procesos judiciales.
Como parte del encuentro de traductores celebrado en la FUL, el funcionario explicó que son más de 8 mil los hablantes de lenguas indígenas recluidos en algún centro penitenciario y son los estados de Veracruz, Chiapas y Puebla, los que concentran el mayor número de reclusos procedentes de alguna etnia.
López Sánchez aseguró que la idea de construir un padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas tiene por objeto dar cumplimiento al derecho fundamental que tienen los indígenas cuando desafortunadamente se encuentran ante una situación jurídica, motivo por el cual están concentrando esfuerzos en las labores de capacitación de abogados y especialistas en materia penal.
Sin embargo, reconoció como retos no sólo la diversidad lingüística y cultural de nuestro país que se traduce en 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes, sino también la resistencia de las autoridades y ministros públicos para incorporar personal capacitado para defender los derechos de los grupos indígenas.
