"Se deniega la solicitud para que este tribunal decida cuestiones de derecho presentadas ante el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de EE.UU.", notificó el Supremo Californiano en un documento recuperado por EFE este jueves.
Ahora, según reveló a EFE una fuente del Alto Tribunal de California, el litigio -que ha pasado por diversas etapas desde que se iniciara en 2005- será retomado por el Noveno Circuito de Apelaciones de EE.UU., que determinó en mayo de este año que debía pasar a manos del propio Tribunal Supremo californiano.
Entonces, entre los miembros de la corte, el juez Carlos Bea difirió de sus compañeros asegurando que, en este caso, la norma en conflicto que debe prevalecer es la española, que establece que si alguien adquiere de buena fe un bien se convierte en su dueño en tres años y, si lo hace con mala intención, pasa a ser su titular en seis.
Y es que esta disputa, en la que el demandante es estadounidense y el demandado extranjero, se complica a la hora de decidir qué ley aplicar, si la federal -que ya dio la razón al museo y que tuvo en cuenta la legislación española- o la estatal californiana, que impide la compra de un bien robado.
El museo y el Gobierno de España se han amparado siempre en que el ordenamiento jurídico que debe prevalecer es el español, que reconoce que, al no conocer su origen ilícito en el momento de la compra, la propiedad es legítima.
Así, desde Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, una asociación sin ánimo de lucro por la defensa de patrimonio cultural, trasladaron a EFE este jueves su optimismo con la decisión del Alto Tribunal de California después de haber enviado hasta tres cartas al Supremo estadounidense pidiendo que rechazara la petición.
Según explicó el abogado Jorge España, presidente de la asociación, la norma en conflicto californiana señala que en casos de usucapión (cuando alguien se convierte en dueño de un objeto por el paso del tiempo sin objeción de nadie) "la ley que debe de aplicarse es la del lugar en el que el objeto está situado".
Y debido a que el cuadro se encuentra en España, considera que hay un 90 % de probabilidad de que la legislación con la que se resuelva la disputa sea la española.
UN CASO QUE HA LLEGADO HASTA EL TRIBUNAL SUPREMO DE EE.UU.
Por su parte, el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones ya reconoció la pertenencia de la pintura a la pinacoteca española en 2019, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la sentencia tres años después con la intención de que se aplicara la norma en conflicto de California.
La obra de Pissarro, que la familia ha llegado a valorar en hasta 100 millones de dólares, perteneció a la familia judía Cassirer hasta 1939, cuando se vieron obligados a entregarla a los nazis a cambio de poder huir de Alemania e instalarse en Estados Unidos.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la obra fue adquirida por el barón Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza y en 1993 por el Gobierno español como parte de la compra de su colección privada.