Las autoridades no pueden actuar como en el caso de Endesa, “cuando otra empresa pública extranjera fue la que se llevó el gato al agua”, recordó este jueves el rotativo.
Agregó que al margen de que la alianza cumpla con las leyes españolas, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, no puede limitarse a "dar la bienvenida" a la operación y aceptar de los ejecutivos de estas compañías unas vagas garantías de españolidad.
“No hay españolidad posible cuando no hay simetría entre las legislaciones mexicana y española en cuanto a apertura a las inversiones extranjeras”, subrayó.
Sacyr posee 20 por ciento del capital de Repsol mientras Pemex detenta 4.87 por ciento, y en virtud del acuerdo la paraestatal mexicana se compromete a llegar al 9.8 por ciento, para que juntas sumen 29.8 por ciento, evitando por dos décimas alcanzar 30 por ciento.
De llegar al 30 por ciento, de acuerdo a la legislación española, estarían obligadas a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
Con la alianza, “los demás accionistas corren así serio riesgo de quedar supeditados a la voluntad de estos dos aliados”, enfatizó el diario y añadió que la primera decisión conjunta sería alejar al actual presidente, Antonio Brufau.
Luego podrían adoptar otras decisiones que llama “de escaso vuelo estratégico”, como la conversión en liquidez de algunos activos o inversiones, según les convenga.
Lo último sería más importante para Sacyr, el inversionista más importante y también el más endeudado, que compró su paquete en Repsol íntegramente con deuda bancaria, concluyó.
