La opinión pública mexicana no es ajena a estos datos alarmantes, de acuerdo con la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría en abril de 2014, casi la totalidad de entrevistados (97 por ciento) considera que ser periodista es un trabajo de alto riesgo en México. En mayo de 2012, realizamos esta pregunta por primera vez, en el ejercicio de hace dos años, 74 por ciento percibía al periodismo como una labor de riesgo. Hoy en día ese porcentaje, que era ya alto, creció veintitrés puntos.
La percepción sobre los riesgos del oficio del periodista está acompañada por la difusión de información sobre los atentados a los corresponsales. Nueve de cada diez entrevistados dijo estar enterado de los asesinatos de algunos periodistas en diferentes estados de la república.
Esta cifra también es mayor a la registrada en 2012, ese año, el 71 por ciento de los mexicanos dijo haberse enterado de la muerte de algunos corresponsales en los estados del país. “Artículo 19” señala que Veracruz, Oaxaca y Chihuahua aglutinan el mayor número de asesinatos de periodistas en el país. En el estado de Veracruz en el año 2011 perdieron la vida cuatro informadores y en 2012 perecieron cinco más, convirtiéndolo en uno de los lugares más violentos para ejercer esta profesión.
Uno de los casos más conocidos fue el del periodista Gregorio Jiménez, quien fue encontrado en febrero de este año en una fosa de un predio localizado en el municipio de Las Choapas. Las autoridades del estado veracruzano dijeron que su asesinato no estaba relacionado con el ejercicio de su profesión sino con “motivos personales” y “venganza” lo que suscitó la crítica de organizaciones nacionales e internacionales quienes invitaron al gobierno a reconocer la magnitud del problema.
México es uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) nos ubica en el séptimo sitio a nivel mundial en el Índice de Impunidad, ranking que se realiza cada año. Por arriba de nosotros se encuentran únicamente: Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Iraq como los países más impunes en asesinatos de comunicadores.
Más alarmante aún, es el hecho de que “Artículo 19” señale que en los casos donde se identificó al agresor, seis de cada diez periodistas fueron agredidos por un funcionario público, aunque cuando se trata de asesinatos, la mayoría son perpetuados por el crimen organizado. Más de la mitad de los entrevistados por Parametría (63 por ciento), considera que el estado mexicano no está haciendo lo necesario para proteger a los periodistas en su tarea de informar a la sociedad. Solamente tres de cada diez consideran que el gobierno sí está emprendiendo acciones que eviten que más periodistas sean violentados al realizar su labor.
La violencia contra periodistas representa una amenaza contra la sociedad entera, el derecho a la información y a la libertad de expresión se ven coartados cuando existen elementos que ponen en riesgo la integridad de los comunicadores.
Son conocidos los atentados que han sufrido las instalaciones de algunos periódicos en México. El Noroeste en Sinaloa, Mural en Guadalajara, El Norte en Nuevo León, El Siglo de Torreón quien fue atacado 3 veces en 2010 son algunos ejemplos de ello. No es de extrañarse que siete de cada diez mexicanos considere que la situación de inseguridad en el país está obstruyendo el trabajo de los periodistas para dar a conocer información que tiene que ver con la delincuencia. Estos porcentajes llegaron a 79 por ciento en el año 21013 y a 62 por ciento en 2012.
A pesar del cerco informativo que perciben los ciudadanos a causa de la inseguridad, la mayoría (88 por ciento), considera “importante” o “muy importante” enterarse de los acontecimientos relacionados con temas que tienen que ver con la delincuencia. Estos porcentajes no presentan cambios significativos desde mayo de 2012.
Los ciudadanos perciben un ambiente hostil para ejercer el oficio del periodismo en el país, estas opiniones no solo son apoyadas por la sociedad mexicana, la comunidad internacional se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la violencia que se ejerce en contra de comunicadores, fotógrafos, instalaciones y en general toda aquella persona que busque ejercer los derechos de información y libre expresión en México.
Y aunque existe en México una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión, la opinión pública nacional considera que las acciones gubernamentales no han sido suficientes para aminorar la situación actual que vive el periodismo.
