La aprobación de la reelección de diputados (hasta por tres periodos consecutivos) y la de senadores (hasta por dos periodos) rompe con una tradición de ochenta años donde no existía la posibilidad de que los funcionarios repitieran en algún cargo público, en el caso de los gobiernos locales, alcaldes, regidores y síndicos se definió que podrán reelegirse por un periodo, es decir, podrán ser funcionarios hasta por seis años consecutivos.
México era de los pocos países que no contaba con la figura de reelección inmediata, la literatura en el tema señala que una de las bondades de este mecanismo es la posibilidad de que los ciudadanos pueden evaluar el desempeño de sus representantes al término de su mandato. Si los funcionarios realizaron un buen trabajo de acuerdo con la opinión de los electores, estos podrán ratificar su apoyo para un segundo mandato, de lo contrario elegirán una opción diferente (voto de castigo), debemos recordar que aún cuando no existía la figura de reelección al término de la gestión, el sistema electoral mexicano permitía que los funcionarios públicos pudieran ser electos para otros cargos públicos de forma inmediata.
Pese a lo que dicta la literatura, los ciudadanos mexicanos no consideran que la reelección represente un mecanismo para evaluar el trabajo de los representantes, ni contribuye a tener funcionarios más capacitados. Únicamente tres de cada diez entrevistados consideran que con la reelección se logrará formar representantes más capaces y profesionales en los puestos de elección popular, para 51 por ciento esta herramienta no garantiza una mayor profesionalización de los funcionarios de gobierno.
No obstante, debemos señalar que ha habido un descenso de 8 puntos, de 2011 a la fecha, en las opiniones que se muestran escépticas sobre las ventajas que puede tener la reelección de las figuras públicas.
Parte de la explicación de estos datos puede venir de una tradición histórica sustentada en el lema “sufragio efectivo, no reelección”, además de una mala opinión de la élite política y de la percepción respecto a que la reelección solo perpetuara algunas figuras en los espacios de gobierno.
El caso de la reelección inmediata en México es de nueva cuenta un tema de framing o encuadre, que tiene que ver con palabras o frases que de entrada generan cierto rechazo entre la población, si bien la mayoría de entrevistados se manifiesta en contra cuando se les pregunta por la reelección, la perspectiva cambia cuando hablamos de la posibilidad de poder evaluar a los representantes.
Ante la pregunta planteada en este sentido, casi 8 de cada diez entrevistados se manifiestan a favor de poder realizar una evaluación al desempeño de nuestros representes al término del mandato. Estos datos han sido constantes desde 2003 cuando dio inicio la serie de Parametría.
Si bien en todos los cargos públicos es mayor el porcentaje de aquellos que se manifiestan en contra de la reelección (arriba del 60 por ciento) hay cargos en los cuales el rechazo es aún mayor. Únicamente dos de cada diez entrevistados estuvieron a favor de permitir que el presidente de la república pudiera tener un segundo periodo de gobierno, siete de cada diez mexicanos se manifestaron en contra de permitir que diputados federales y senadores pudieran reelegirse de forma inmediata, 25 por ciento apoyó la reelección de gobernadores y un 26 por ciento dijo estar de acuerdo con que los presidentes municipales pudieran volver a ser electos al término de su mandato.
Las candidaturas independientes también fueron aprobadas por el Senado, con ello, los ciudadanos que busquen ser candidatos y no militen en un partido político podrán registrarse para poder acceder a un puesto público, teniendo acceso a las prerrogativas que tienen los partidos en los términos que la ley dicta, con esta medida se elimina el monopolio de las candidaturas por parte de los partidos políticos.
Este nuevo mecanismo es apoyado por una parte importante de los mexicanos, de acuerdo con la encuesta de Parametría de marzo de 2012, un 47 por ciento se manifestó a favor de tener candidatos no necesariamente postulados por un partido político, por otro lado, 34 por ciento consideró que los partidos políticos deberían ser los únicos que puedan postular candidatos a puestos de elección popular.
Es importante ver que en la tendencia histórica se ha reducido el número de personas que apoyan las candidaturas independientes, en el 2009 un 62 por ciento estaba de acuerdo con esta opción la cual ha perdido 15 puntos de apoyo en tres años.
Otro punto que se aprobó en el dictamen del senado fue el de subir el umbral de votación para que un partido político pueda mantener el registro, actualmente la ley señala que se necesita al menos 2 por ciento de los sufragios para poder conservarlo. La recién votada ley electoral contempla subir uno por ciento el porcentaje mínimo, por lo que ahora los partidos políticos necesitan 3 por ciento de la votación para ser considerados entes electorales.
Este punto también es apoyado por los ciudadanos, incluso están de acuerdo en tener un umbral más alto (4 por ciento) al que se aprobó, en junio de 2012 preguntamos a los mexicanos por un posible incremento que doblara el mínimo establecido, es decir pasar de 2 a 4 por ciento y un 62 por ciento se manifestó a favor de la medida, porcentaje que ha ido en aumento desde 2010, cuando realizamos el cuestionamiento por primera vez.
La reforma político electoral que acaba de aprobar el Senado tendrá un impacto importante en la forma de hacer política en el país, el hecho de contar con nuevos mecanismos como: la reelección inmediata o las candidaturas independientes que permiten una mayor participación de los ciudadanos en política plantea nuevas reglas del juego, los resultados que tengan estos recién aprobados instrumentos se podrán evaluar con el tiempo, debemos recordar que no existe una reforma política y electoral única que resuelva todos los retos que presentan los sistemas democráticos actuales, estos diseños funcionan para ciertos momentos históricos y luego tienen que ser modificados, parte de la historia democrática de este país se explica por la promulgación de reformas políticas que dieron paso a la apertura democrática.