Esas modificaciones son parte del Paquete Fiscal 2012, cambios que el PAN calificó de “un impuesto más del gobierno del estado que afectará la economía de los ciudadanos”.
De esa forma, el Ejecutivo local ya cuenta con facultades para ampliar la vigencia de las placas (que debieron cambiarse este año), previo cumplimiento de requisitos administrativos mínimos, que se establecerán después en el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad.
Según el argumento de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM), que apoyaron la propuesta, el objeto primordial de las reformas es buscar alternativas que ayuden a hacer frente a la situación económica que prevalece en el país.
En la discusión del dictamen, el panista Renán Barrera Concha dijo que el Ejecutivo estatal ha engañado a los yucatecos, al hacer creer que no aumentará ni creará impuestos o derechos para 2012.
“Estamos discutiendo la aprobación de un concepto llamado refrendo. La figura del refrendo llegará a ser parte fundamental de la Ley de Hacienda y del presupuesto. Es riesgoso aprobar esta modificación a la Ley de Tránsito y Vialidad”, anotó.
Sostuvo que los diputados panistas están contra el dictamen, porque la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco prometió que no habría aumentos ni nuevos derechos para 2012, y “quiere hacer creer que los causantes ahorrarán dinero”.
El líder de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Víctor Caballero Durán, reiteró que el propósito es que el estado, mediante la Secretaría de Seguridad Pública, evite que los yucatecos paguen el costo de ocho a 15 salarios mínimos por las placas nuevas.
Asimismo, abundó, se busca que la SSP mantenga un registro actualizado de los vehículos que circulan en la entidad, pero sin que se ponga en marcha el proceso de reemplacamiento en 2012, lo que tendría un costo para los propietarios de automotores.