Al existir una orden de aprehensión en su contra, el Gobierno de México solicitó su extradición y una vez substanciado el procedimiento correspondiente, en octubre de 2018 la misma fue concedida, en apego al tratado en la materia firmado con Uruguay.
El ahora extraditado fue custodiado y trasladado por agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos a la Dirección General de Procedimientos Internacionales, apoyados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscritos a Interpol México, para ser puesto a disposición de un Juez de Control del Estado de Nuevo León, con residencia en San Pedro Garza García.
Con este acto jurídico, suman 90 personas extraditadas a México en la presente administración y ocho en lo que va del año.