El mayor hallazgo se registra hasta la fecha en una zona limítrofe entre los estados de Jalisco y Michoacán (oeste), donde desde el 9 de noviembre se han encontrado 67 cuerpos.
La ubicación de los cadáveres en unas 20 fosas en el municipio de La Barca se logró en el marco de un operativo de búsqueda de dos policías federales que desaparecieron a principios de noviembre en la zona.
"Lo más grave de todo esto es que se descubrieron esas fosas por los interrogatorios que hicieron tanto el Ejército como la Armada de México a los policías municipales de algunos municipios de Michoacán, es decir, los policías estaban evidentemente coludidos como cómplices de estos crímenes", dijo a dpa Javier Oliva, profesor e investigador en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uiversidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
"La autoridad local no tiene ninguna consistencia para hacerle frente a estos problemas y la prueba está en que los dos gobernadores de los estados involucrados en estos hechos no han dicho ni una palabra en ese tema", agregó.
Hace una semana en Jalisco las autoridades también reportaron el hallazgo de unos 17 cadáveres en entierros localizados en un cerro de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México. Este hallazgo se logró después de que cuatro integrantes de un grupo del crimen organizado confesara su ubicación.
En estos dos casos se presume que está involucrado el cártel de Jalisco Nueva Generación.
Además de Jalisco y Michoacán, en las últimas semanas en los estados de Guerrero (sur) se extrajeron 13 cuerpos en dos fosas, en Sonora ocho y en Zacatecas se halló un entierro con un cadáver y cinco tambos (barriles) metálicos con restos humanos calcinados.
El más reciente caso de hallazgo de fosas clandestinas se reportó en el céntrico estado de Morelos, donde se han recuperado al menos 18 cadáveres en fosas halladas en los municipios de Emiliano Zapata y Amacuzac, este último limítrofe con Guerrero.
La prensa local asegura que los cadáveres recuperados en esta entidad superan los 23, sin embargo, el gobierno local no ha confirmado ni desmentido la cifra. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, se ha limitado a afirmar que las víctimas no corresponden a hechos delictivos cometidos durante su administración "sino a actos cometidos anteriormente".
Este miércoles el gobierno de Michoacán también confirmó el hallazgo de tres cadáveres en una fosa ubicada en el municipio de Apatzingán.
La Procuraduría General de la República informó que ha conformado un banco genético con al menos 400 muestras de personas que buscan a sus familiares desaparecidos para verificar si están entre las víctimas de estos recientes hallazgos.
Las fosas ubicadas este mes se suman a decenas de otros hallazgos reportados en el último año, en el que también destaca la ubicación en agosto pasado de un entierro clandestino en el Estado de México con los cadáveres de 12 jóvenes que desaparecieron en mayo del bar Heaven de la zona rosa de Ciudad de México, en un caso relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas de narcotráfico que operan en la capital.
El hallazgo de entierros clandestinos ha sido una constante en los últimos años en México, afectado por la violencia que genera la guerra que libran grupos del crimen organizado por el control territorial y de actividades ilícitas. Esta lucha ha dejado en el país en los últimos siete años unos 87,000 muertos.
Dos de los casos más llamativos de hallazgos de fosas clandestinas se dieron en abril de 2011 en los estados de Durango y Tamaulipas, este último fronterizo con Estados Unidos. En el primero la cifra de cuerpos encontrados sobrepasó los 250, mientras que el segundo fue de 193.
A juicio del investigador Oliva, los hallazgos del último mes "son la continuación de los cementerios clandestinos que se encontraron en Durango y Tamaulipas".
"En México no hemos tenido reposo para el dolor y creo que eso es muy serio para el funcionamiento del sistema social en nuestro país", concluyó el analista, para quien el problema estructural de México está en las autoridades locales por "no haber estado a la altura para atender la disfunción de seguridad pública que vive el país".