"Aunque el riesgo para la salud humana es bajo, las consecuencias de esta actividad criminal han tenido un gran impacto en la confianza del consumidor", admitió el comisario tras una reunión informal de ministros del área, en Tallin (Estonia).
"Hace falta dar respuestas colectivas a los ciudadanos y asegurar que quienes llevan a cabo este tipo de negocios ilegales son perseguidos por la Justicia", indicó.
Los cuatro países visados por la investigación son los más afectados por el escándalo de la contaminación de huevos por fipronil, un insecticida cuyo uso en la cadena alimentaria está prohibido en la Unión Europea.
Desde que estalló el caso, a finales de julio, en Holanda y Bélgica, 40 países han detectado huevos contaminados, de los cuales 16 no hacen parte de la mancomunidad.
Andriukaitis aseguró que todas las granjas sospechosas han sido bloqueadas y los huevos y productos derivados contaminados están siendo destruidos.
El problema volverá a se discutido por los ministros europeos en una reunión oficial convocada para el 26 de septiembre, en Bruselas.
El comisario dijo querer aprovechar la ocasión para analizar cómo mejorar los mecanismos europeos de seguridad alimentar y prevenir fraudes, aunque insistió en que el sistema comunitario de alerta rápida "funciona bien".
Sin embargo, algunos países expresaron su desacuerdo al recordar que Holanda y Bélgica tardaron meses antes de comunicar a sus socios sobre la contaminación.
El ministro de Asuntos Rurales de Estonia, Tarmo Tamm, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea, destacó la importancia de "mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los países para solucionar ese tipo de crisis de manera más rápida y eficiente".
