Al hacer la propuesta, la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez (PRI) señaló que de acuerdo con el último censo de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2012 hubo 12 mil fallecimientos derivados de insuficiencia renal, siendo el Estado de México el de mayor incidencia, con mil 487 casos, seguido de la Ciudad de México, 948, Jalisco 920; en Puebla 756, en Guanajuato, 604 y en Nuevo León, 392 pacientes.
Refirió que lo más grave de la insuficiencia renal crónica es la desigualdad, pues los pacientes de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están cubiertos cien por ciento con terapia de reemplazo renal, mientras que los del Seguro Popular no.
“Es un desafío global que debe ser atendido”, apuntó, y llamó a no hacer caso omiso ante esta realidad que puede combatirse con acciones claras y puntuales.
Destacó que son insuficientes los esfuerzos para incrementar los trasplantes renales, que son la mejor alternativa para enfrentar ese mal, pero por los altos costos de los tratamientos no todos los enfermos tienen garantizada la atención médica. Si la diálisis y hemodiálisis se incorporaran al Seguro Popular, se requerirían nueve mil 100 millones de pesos al año, más de 90 por ciento del total del dinero del Fondo de Gastos Catastróficos, explicó.
El exhorto refiere que la insuficiencia renal es un problema de salud pública a nivel mundial, y el número de pacientes se incrementa. Cada vez es mayor la necesidad de recurrir a procedimientos de diálisis o hemodiálisis o, en su defecto, de trasplante renal, lo que incrementa progresivamente el costo de atención, puntualiza.
La Fundación Mexicana del Riñón precisa que en México hay actualmente 8.3 millones de personas con insuficiencia renal leve, 102 mil personas con insuficiencia renal crónica y 37 mil 642 con tratamiento continuo de diálisis. Se estima, además, que 55 mil pacientes reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis y que al menos la misma cifra no tiene acceso a este tipo de tratamiento
Al manifestar su apoyo al punto de acuerdo, el Gonzalo Guízar Valladares (PES) afirmó que el Seguro Popular debe absorber a los pacientes que no tienen seguridad social para atender al 100 por ciento su padecimiento.
Hizo un llamado a las dependencias vinculadas en autorizar la disponibilidad presupuestal para que estos pacientes, tengan o no seguridad social, en las instituciones sean atendidos al 100 por ciento en su padecimiento, pues aunque no todos están en condiciones de vulnerabilidad, un gran porcentaje debe tener el respaldo de las secretarías y dependencias.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (NA) expresó que es urgente garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos y cerrar la brecha de inequidad y de desigualdad social, por lo que el Estado debe generar condiciones para que sus ciudadanos vivan lo más saludables posible.
“Para ello fue creado el Seguro Popular; sin embargo, hasta el momento, su Catálogo Universal de Servicios de Salud no reconoce la cobertura de enfermos con insuficiencia renal”, el cual es un problema de salud que afecta a México y al mundo.
Dijo que, según la Fundación Mexicana del Riñón, nueve mil 276 personas esperan un trasplante del órgano.