En 2012 se realizaron en España 112.390 abortos, lo que arroja una tasa del 12.01 por ciento, frente a los 118,259 que se practicaron en 2011, con una tasa del 12.01 por ciento.
Esta baja del número de abortos tuvo lugar bajo la ley de plazos vigente desde 2010, que permite a las mujeres abortar hasta la semana número 14 sin tener que alegar motivo alguno y que el gobierno conservador de Mariano Rajoy pretende sustituir ahora por una mucho más restrictiva, que además tipificará el aborto como delito.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ve confirmado con esta bajada que la ley que aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no ha llevado a un incremento del número de abortos en el país, como sostienen sectores conservadores.
De todas las mujeres que interrumpieron su embarazo el año pasado, 3,124 lo hicieron por anomalía fetal grave, un supuesto que no contemplará la controvertida ley que el gobierno aprobó el viernes y aún debe pasar por el Parlamento, donde el Partido Popular (PP) de Rajoy tiene una holgada mayoría absoluta.
Según la futura normativa, el aborto quedará despenalizado solo en dos supuestos: violación y riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.
Aunque Rajoy y el PP llevaban la reforma de la ley del aborto en su programa electoral, esta está causando gran controversia en España, donde la mayoría de los partidos con representación parlamentaria se mostrado abiertamente en contra de ella.
La número dos del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, apeló directa y personalmente a las diputadas del PP para frenarla en el Parlamento.
La futura ley alejará a España de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), que cuentan con leyes de plazo en la línea de la que aún está vigente.