Dos empleados de Heckler & Koch despedidos en abril por su presunto papel en la venta recurrieron la medida y demandaron a la empresa. La corte laboral de Villingen-Schwenningen, suroeste de Alemania, comenzó a tratar hoy la demanda.
Heckler & Koch anunció en abril que existía "una firme sospecha" de que "dos empleados con varios años en la empresa" habían sellado la venta "por propia cuenta y sin conocimiento ni voluntad de otras personas en la compañía", por lo que ordenó su despido inmediato.
Los abogados de los demandantes ponen en duda esa versión. También la iniciativa "Stoppt den Waffenhandel" (Frenen el comercio de armas) sospechó que los dos despedidos son un chivo expiatorio de la empresa para ocultar su responsabilidad en el negocio.
La Fiscalía de Stuttgart investiga desde abril de 2010 a Heckler & Koch por la supuesta exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a la policía de los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.
El gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a esos estados, considerados especialmente peligrosos. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que el requisito se violó.
Los fiscales también investigan al fabricante por su presunto pago de sobornos a partidos políticos alemanes a cambio de permisos de exportación. El grupo admite que donó cerca de 93,000 euros a partidos en los últimos diez años, pero aseguró que los pagos no pretendían influir en decisiones políticas ni comerciales.