El acuerdo se logró minutos después de las 06:00 horas (10:00 GMT) de este miércoles, tras una reunión que se prolongó durante toda la noche.
Miguel Flores, subsecretario de Desarrollo Regional, dijo a los periodistas que se acordó instalar una mesa de trabajo que trabajará en elaborar un nuevo marco regulador, que mejore las condiciones laborales del sector, con 60 días de plazo para afinarlo y un año para ponerlo en práctica.
En la mesa negociadora participarán las empresas recolectoras, los trabajadores, los municipios y el gobierno, explicó.
"La idea es que en el plazo de un año las medidas acordadas estén implementadas", precisó Flores, que añadió que la federación de trabajadores se comprometió a levantar de inmediato la paralización de actividades y a ir normalizando la recolección de residuos domiciliarios".
"Lo que queda para los próximos días, probablemente a partir del viernes o lunes, es instalar esta mesa de trabajo y ojalá, en los plazos que tenemos comprometidos, tengamos buenas noticias", indicó.
En tanto, Armando Soto, presidente de la federación de recolectores, comentó que "costó mucho llegar a este acuerdo", pero que los trabajadores están "confiados, porque este es uno de los primeros acuerdos" que firman "con representantes del Estado".
"Entonces estamos esperanzados en que la mesa va a poner término a nuestros problemas", agregó.
Sin embargo, cientos de los trabajadores repudiaron en primera instancia el acuerdo e incluso cuando Soto intentó explicar el convenio, intentaron golpearlo y debió refugiarse en una de las oficinas de uno de los lugares de acopio.
Sin embargo, finalmente los trabajadores aceptaron volver a sus puestos de trabajo porque ofrecieron pagarles un bono de 80,000 pesos (unos 157 dólares).
"Con el miserable sueldo que se ganan, les ofrecen 80 'lucas' (mil), obviamente van a salir a trabajar", dijo el vocero Marcelo López.
Soto, en tanto, añadió que el retiro de la basura de las calles -en Santiago se acumulan unas 12.000 toneladas diarias-, "se va a demorar un poco", pero se comprometió "a regularizar lo antes posible la situación".
Pese al acuerdo de los recolectores de desechos, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decretó alerta sanitaria en cinco grandes ciudades y en el Gran Santiago, donde vive el 42 por ciento de los chilenos, para asegurarse de que la basura "se manejará correctamente".
En su mayoría, los recolectores trabajan para empresas privadas a las que los municipios han entregado en concesión el retiro y manejo de la basura y sus demandas incluyen aumentar los salarios de los conductores de camiones de 400,000 a 700,000 pesos mensuales (unos 800 a 1,400 dólares), de 440 a 950 dólares los de los auxiliares y de 386 a 600 dólares los de los barrenderos.
También piden una reducción de sus horarios de trabajo, que en promedio son de doce horas diarias. (EFE)