Ignacio Zuasnábar, miembro de la consultoría Equipos Mori, que realizó el trabajo de campo, confirmó hoy a que los montevideanos puntuaron la seguridad de su ciudad con una nota de 2.1 en una escala de 1 a 5, lo que la sitúa a la par de esas dos ciudades mexicanas, en las que se han realizado estudios similares.
Los datos corresponden al estudio "Cultura Ciudadana y Convivencia en Uruguay", efectuado en el período comprendido entre el 19 de octubre y el 20 de noviembre de 2012 y que abarcó a diversas ciudades uruguayas con población superior a 10,000 habitantes.
El diseño de la metodología y del cuestionario, y el análisis de los datos lo realizó la fundación colombiana Corpovisionarios, presidida por el exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial colombiano en 2010 Antanas Mockus.
El cuestionario, difundido este viernes por la prensa uruguaya, despertó polémica a raíz de la interpretación de una de sus preguntas: "¿A qué tipo de persona rechazaría tener de vecino?".
A los encuestados se les ofrecían múltiples posibilidades, entre ellas políticos, narcotraficantes, personas de religión y orientación sexual distinta, inmigrantes, etc.
El hecho de que un 30 por ciento de esas personas no colocaran como primera opción a los narcotraficantes dio lugar a que la prensa asegurara que a ese porcentaje de los montevideanos no le importaría tener como vecino a ese tipo de delincuente.
Al respecto, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuya cartera encargó el estudio, explicó hoy que, cuando se habla de vivir con un narcotraficante cerca se entiende a "un determinado nivel de narcotraficante, el micronarcotraficante".
"Les aseguro que al narcotraficante la gente le tiene miedo de tenerlo cerca. Al que no tiene miedo de tener cerca es al que no saben que lo es y tiene una conducta de otro tipo porque quiere pasar desapercibido", aseguró.
Uruguay se encuentra en pleno debate de legalización de la venta y distribución de la marihuana mediante un controvertido proyecto de ley oficialista que pretende convertir al Estado uruguayo en cultivador y distribuidor de la droga.
Esta iniciativa fue planteada como una forma de lucha contra la creciente inseguridad y la delincuencia juvenil en el país.
Según el Ejecutivo uruguayo el fenómeno tiene su origen en el consumo de pasta base de cocaína, una droga barata, muy fuerte y adictiva, en la que los jóvenes acaban cayendo porque se la venden los mismos narcotraficantes que les facilitan la marihuana.
Bonomi realizó estas declaraciones en el acto de cierre de un curso de formación para técnicos penitenciarios celebrado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo.
El ministro aprovechó la ocasión para remarcar la necesidad de cambiar el sistema penitenciario local, que en los últimos años ha sido cuestionado por las Naciones Unidas.
"La Ley orgánica policial que rige hoy en día es una ley de 1971 y se hizo de acuerdo a las condiciones de aquel año, una época de enfrentamiento armado", previa a la dictadura (1973-1985), argumentó.
Esa norma, que podría ser modificada en el Parlamento mediante un proyecto de ley a trámite en la actualidad, "trató de anular la incidencia de los presos políticos, no la reinserción de todos los presos", relató.
