En su capítulo dedicado al país suramericano, el documento recoge que la brecha en los diferentes indicadores del producto interior bruto (PIB) se debe al "bajo promedio de las horas trabajadas y al débil desempeño de la productividad laboral".
Según el informe, el PIB per cápita de Chile en 2011 fue del 58.16 por ciento del promedio aritmético de los 17 países de la OCDE, integrada por 34 estados, con los mejores resultados económicos.
La OCDE destacó tanto el "gran progreso" en la flexibilización de la regulación del mercado como los esfuerzos hechos por Chile para mejorar la calidad de la educación e incrementar la participación de la fuerza laboral femenina.
Entre los aspectos negativos, el informe subraya la ausencia de avances en los ámbitos de la legislación que regula la competencia y la protección de empleo.
Según el documento, en Chile el monto elevado de las indemnizaciones por despido de trabajadores fijos contribuye a la dualidad del mercado de trabajo, reduce el empleo juvenil y obstaculiza la productividad.
De ahí, que la Organización recomiende como una de las prioridades reducir el monto de las indemnizaciones por despido para facilitar el ajuste de la fuerza de trabajo fija y, con lo mismo, fomentar la formalización de las relaciones de trabajo.
Al mismo tiempo, la OCDE apunta que la mejora de las prestaciones por desempleo puede aumentar la eficiencia del mercado laboral y su productividad, por los que plantea que se considere la posibilidad de ampliar la duración de las prestaciones por desempleo.
En materia de educación, tras reconocer que en 2011 se llevaron a cabo varias iniciativas para mejorar su calidad, la OCDE recomienda actualizar o establecer normas mínimas y un control de calidad riguroso para evaluar al personal docente.
Además se subraya la necesidad de ampliar los sistemas de becas y préstamos estudiantiles y fortalecer las normas de calidad de todas las instituciones que se benefician con subsidios a los estudiantes que se matriculan en ellas.
Para mejorar la aplicación de la ley de competencia, la OCDE sugiere incrementar el nivel máximo de las multas a la empresas que incumplan la ley y tipificar como delito la fijación de precios.