Expresó su deseo de que estas dos iniciativas pronto puedan ser aprobadas por el Senado de la República y el Constituyente Permanente. Sin duda, añadió, “acreditan la voluntad política de este Gobierno para trabajar en establecer mecanismos y tener órganos de control que, con mayor eficacia, aseguren el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en todos los órdenes de Gobierno”.
Detalló que la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, como un órgano autónomo con mayor capacidad, es “para realmente asegurar el que en todos los órdenes de Gobierno exista una verdadera y auténtica rendición de cuentas”.
Señaló que se trata de que dicho organismo sea el encargado de velar porque los actos de corrupción que en cualquier orden de Gobierno eventualmente se presenten, puedan ser sancionados y vigilados desde esa instancia, dotada de plena autonomía, que habrá de contar con la participación ciudadana.
La otra iniciativa presentada, dijo, tiene como propósito ampliar las capacidades y atribuciones de las instancias encargadas de asegurar la rendición de cuentas y el combate eficaz a la corrupción al interior del Gobierno. Es decir, tiene que ver con la ampliación de facultades del IFAI.
Esta iniciativa prevé que el IFAI sea dotado de autonomía constitucional, y que además tenga mayores atribuciones para poder revisar actos y establecer una clara rendición de cuentas en los distintos órdenes de Gobierno. Precisa que en los otros órdenes de Gobierno se creen instancias similares a la del Instituto Federal.
Tras cumplir con la presentación de su Declaración Patrimonial en tiempo y forma, el Presidente Peña Nieto expresó que con ello “reafirmo mi convicción democrática de conducirme con absoluta transparencia en el ejercicio de la elevada responsabilidad, y la más honrosa que he tenido en mi carrera política, de servir a todos los mexicanos”.
En el Patio de Honor de Palacio Nacional, acompañado del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, expresó que, con ello, da cumplimiento “no sólo a un mandato legal, sino, también, a una obligación ética, que normará los actos de quienes somos parte de este equipo de trabajo dentro del Gobierno de la República, que tiene que ver con la rendición de cuentas”.
Exhortó a los contralores internos y a los oficiales mayores de las distintas dependencias para que se aseguren de que todos los integrantes del equipo del Gobierno de la República cumplan con esta responsabilidad, pero también, de que los servidores públicos en su permanente actuar, en su desempeño cotidiano, cumplan también “con las obligaciones éticas y legales que aseguren una permanente rendición de cuentas y, sobre todo, que su actuar se apegue estrictamente a la ley”.
Puntualizó que al Gobierno le toca establecer un ejemplo claro de responsabilidad y conducta apegada a derecho y ética para el resto de la sociedad, y que ello pueda permear.
Por su parte, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público, subrayó que el Presidente Peña Nieto optó por hacer su declaración de manera pública, con lo que pone el ejemplo. Señaló que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación, para todos los funcionarios públicos, de desempeñar sus cargos bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
Expresó que el sistema electrónico Declaranet es el único que pueden utilizar los servidores públicos para cumplir con este requisito y le informó al Primer Mandatario de la Nación que todos los miembros del gabinete cumplieron ya con esta obligación.
Videgaray Caso indicó que existen 216 mil servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento, obligados bajo la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a realizar su Declaración de Situación Patrimonial.