Después de solo dos horas y media de debate, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cerró su tercera sesión extraordinaria sobre Paraguay con la única decisión de reunirse de nuevo, probablemente "a finales de esta semana o comienzos de la siguiente", según dijo Insulza a los periodistas.
El objetivo es dar tiempo a los cancilleres del continente para que analicen el informe elaborado por el responsable de la OEA, que la semana pasada encabezó una misión especial a Paraguay, donde se reunió con los diferentes actores del proceso que concluyó en la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio.
La mayoría de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, apostó por dar tiempo para estudiar el informe de Insulza antes de actuar, y sólo Argentina, Perú y El Salvador pidieron convocar inmediatamente una Asamblea General extraordinaria que reúna a los cancilleres.
El propio Insulza consideró en su informe, leído al comienzo de la sesión, que una cita de cancilleres "podría permitir la búsqueda de salidas constructivas, en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembros es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay".
Sin embargo, se opuso a la medida más drástica que podría tomar ese encuentro de cancilleres: la suspensión de Paraguay de la organización panamericana, tal y como hicieron el pasado 29 de junio la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercosur.
"Estimo que la adopción por parte de la OEA de una medida similar no contribuiría a alcanzar nuestros objetivos y conllevaría altas implicaciones económicas para el país", indicó en su informe.
En declaraciones a la prensa tras la sesión, Insulza recordó que cuando se suspendió a Honduras tras el golpe de Estado en 2009 "se dejaron de desembolsar los créditos para el país en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)".
Como alternativa, el titular de la OEA propuso "el despliegue inmediato de una misión que acompañe el proceso conducente a los comicios de abril de 2013, facilite el diálogo político e informe periódicamente al Consejo Permanente".
"Esta misión tendría por objeto observar desde ahora el respeto de las garantías necesarias para que todos puedan competir en igualdad de condiciones, que no haya represalias contra el presidente Lugo y sus seguidores y que se impulsen los ajustes de algunas normas sobre la eventual realización de juicios políticos", explicó.
Los representantes de los Estados miembros de la OEA apenas se pronunciaron sobre esa propuesta concreta e insistieron en la necesidad de que sean las capitales las que emitan recomendaciones al respecto.
Las voces en favor de la suspensión de Paraguay también se debilitaron tras escuchar el informe de Insulza, incluso en el caso del representante de Nicaragua, Denis Moncada, que en la sesión del pasado 26 de junio pidió expulsar al país del organismo en una resolución presentada junto con Ecuador, Bolivia y Venezuela.
Moncada subrayó que para su país "legítimamente sólo existe en Paraguay el Gobierno del presidente Fernando Lugo", y que el juicio político en su contra "no tiene valor alguno", pero finalmente coincidió en dar a los cancilleres "el tiempo necesario para analizar el informe".
Por su parte, el representante de Paraguay, Bernardino Hugo Saguier, propuso celebrar una nueva sesión del Consejo Permanente este viernes, al considerar que esperar otra semana perjudicaría al "proceso de consolidación de la democracia en su país".
Saguier, que representa al nuevo Gobierno de Federico Franco, consideró que la OEA "está a prueba" con la decisión que tome respecto a Paraguay, y "no es Unasur ni Mercosur", de los que, aseguró, su país "fue apartado ilegalmente".