Al comparecer ante diputados locales, la titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Nuevo León, Juana María Treviño Torres, deslindó al organismo de corrupción y haber levantado alguna clausura al casino Royale, donde murieron 52 personas en un ataque, el pasado 25 de agosto.
“Todo lo contrario, el casino siguió funcionando, la clausura que el municipio –de Monterrey- hizo, como siempre lo habíamos dicho, solamente fue en un inmueble contiguo, localizado en San Jerónimo 207, esquina con Jesús María González y nunca suspendió la operación del casino localizado en San Jerónimo 205”, al poniente de la ciudad, precisó.
“La participación del Tribunal sólo se limitó a aplicar la ley y el derecho en el juicio –de suspensión de amparo- que se estaba tramitando –por la empresa-“, aseguró ante integrantes de la Comisión Especial Legislativa sobre el casino Royale.
En tal virtud, la magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la entidad rechazó cualquier acto de corrupción y se limitó a expresar “nuestro más sentido pésame a las víctimas de estos lamentables hechos y pues el Tribunal, como ya quedó aclarado, pues no tenemos participación directa en este tipo de actividades delictivas”.
En el mismo tenor y por separado el ex magistrado de dicha entidad, José Alfonso Solís Navarro, dijo haber actuado conforme a derecho en la suspensión de amparo otorgado en el caso de la ampliación, ubicada en un terreno aledaño al centro de apuestas y que nunca estuvo bajo clausura.
“Me puede y sí honestamente sí me pueden las circunstancias que vivimos y sí me puede cada acto laboral en el que afecto a alguien, sí me puede, no puedo disociar mi actividad laboral, mi actividad jurisdiccional por el tiempo que lo estuve haciendo, de mi naturaleza humana”, expresó.
Su resolutivo en el caso fue “estimando que era apegado a derecho”, aunque tras esta tragedia “ninguno de nosotros puede dormir tranquilo, es una situación que a todos nos afecta”, dijo ante preguntas de los diputados sobre su sentir.
Incluso dijo haber sido objeto de amenazas de muerte por su actuar, pero no entró en detalles, pues “no quisiera saber el porqué” de las mismas.
Solís Navarro se jubiló dos días después del multihomicidio ante los cuestionamientos de la opinión pública por su actuación, a lo cual señaló que tras 35 años de servicio se le otorgó ese derecho.
Los dos comparecientes dijeron no haber sido citados a declarar por parte de alguna autoridad del fuero estatal o federal en torno al caso Royale.