En esta concepción de la democracia, una política de rendición de cuentas debe ser entendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y sancionar a los actores que las asumen”, expuso al dictar la conferencia Transparencia y Acceso a la Información Pública: ¿Qué sigue? Rendición de Cuentas, en el “2º Simposio La Transparencia y su Sentido en las Instituciones Electorales”.
La comisionada del IFAI explicó que la concepción política deliberativa, en consecuencia, implica toda una política de Estado de la transparencia y la información; una política pro activa que ponga luz donde hay opacidad, que estimule al diálogo y el debate donde existe el peligro de la decisión personal, y que exista cuando los participantes pueden llegar a acuerdos sobre la forma de ejercer la soberanía popular, en igualdad de condiciones de información.
Al respeto, indicó que para que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas formen un auténtico círculo virtuoso, se requiere del liderazgo participativo de los ciudadanos.
Previo a estos planteamientos, Pérez-Jaén señaló que el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas tienen como uno de sus grandes desafíos, avanzar en forma uniforme y general en toda la República.
Lamentablemente, dijo, esto no es así, ya que en 10 estados del país las leyes locales no se han adecuado respecto a lo que establece la reforma al artículo sexto constitucional en materia de acceso a la información y transparencia.
Además, existen estados que pueden tener buenas leyes de información, pero con órganos que son castigados vía el presupuesto, lo que impide su buen funcionamiento.
“Bien podríamos decir que la transparencia, el derecho al acceso a la información la rendición de cuentas van en toda la República, o simplemente irán, pero en forma muy precaria y vulnerable”, aseguró.
María Elena Pérez-Jaén manifestó que la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en México todavía tienen mucho que desear.
En este sentido, sostuvo que todavía son muchos los funcionarios que siguen considerando la información de su propiedad y que no quieren reconocer que ésta pertenece al ciudadano; que se aplican más en cómo escabullirse para no cumplir con la ley, y que consideran una “monserga” el entregar información oportuna, confiable, veraz y comprensible, como es su deber.
Acceso a la información y transparencia son necesarios para una efectiva rendición de cuentas, apuntó, pero mencionó otras condiciones que deben de cumplirse:
La existencia de archivos con información ordenada, sistematizada, veraz y congruente; indicadores de gestión; órganos de control con plena autonomía e independencia, y que la rendición de cuentas se dé en todo el proceso de la acción administrativa.
En su opinión, los siguientes pasos a darse serían el deslinde de responsabilidades y la aplicación de sanciones o el reconocimiento.
El evento fue organizado por la Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en colaboración con el Tribunal Estatal Electoral de Morelos, el Instituto Estatal Electoral de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, en la ciudad de Cuernavaca.