El coordinador de los diputados federales del PRI fundamentó que su proyecto de ley pretende que la población adulta mayor no quede desprovista de un sistema de salud digno, considerando que mientras más años tenga una persona, aumenta el riesgo de padecer o desarrollar enfermedades crónicas que llegan a representar un costo muy alto para este sector de la población.
Sostuvo también que el derecho a la salud no tiene que limitarse a un solo segmento de la población, debe ser una garantía universal para todos los sectores, y en especial, para los más vulnerables. Apuntó que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para asegurar la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
El líder congresista precisó a la entrada en vigor del presente decreto las autoridades de salud y los centros hospitalarios deberán instrumentar de forma inmediata las acciones necesarias para la atención prioritaria y el surtido de recetas médicas de los adultos mayores que padezcan diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.
Puntualizó que en el presente sexenio este problema se ha agudizado porque el gobierno implementó un nuevo sistema de adquisición de equipo e insumos médicos, así como medicamentos, sin resultados y resultando en desbasto, que dejó a millones de mexicanos sin poder acceder a ellos, lo que en muchos casos ha ocasionado su muerte.
Señaló que de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el sistema de salud mexicano registra graves problemas, como 50.4 millones de personas sin acceso a las instituciones de salud; altos costos en el gasto de bolsillo para salud, desabasto de medicamentos; mala calidad en el Sistema Nacional de Salud y pobre enfoque en prevención.
Por ello, Moreira Valdez insistió que las personas adultas mayores requieren de un mayor cuidado y atención médica, porque a pesar de contar con una pensión universal, no es suficiente para los gastos que representan sus enfermedades.
Indicó que además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 1970 y 2023, reporta que el porcentaje de población de 15 a 29 años disminuyó de 26 a 24 por ciento, en contraste, en adultos de 30 a 64 años aumentó de 24 a 43 por ciento.
Con estas consideraciones, el legislador coahuilense recalcó tenemos que blindar a la población de las malas acciones gubernamentales que se han tomado, pues no se puede vivir de obras públicas. "Es el derecho de todas y todos de vivir con dignidad y donde se respeten las garantías constitucionales consagradas en nuestra constitución", enfatizó.
