"El PPE ha lanzado una especie de campaña de noticias falsas" porque las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 "se acercan y los sondeos no son buenos para los conservadores", dijo la experta en biodiversidad de WWF Sabine Leemans en una rueda de prensa en nombre también de BirdLife International, la Oficina Europea del Medioambiente y ClientEarth.
Uno de los argumentos esgrimidos por los democristianos es que la ley obligará a dedicar el 10 % de cada explotación agrícola a crear corredores de biodiversidad, como setos, flores o estanques.
Se trata de un razonamiento falso, pues es sólo de un objetivo "indicativo" para el conjunto de la UE. Serán los países los que decidan cuánto se exigen y se aplicará a nivel nacional, no en cada explotación, y además, no acarreará sanciones en caso de incumplimiento.
"No hay riesgo para la seguridad alimentaria, al contrario", porque "hay muchas ineficiencias en nuestro sistema alimentario que se pueden abordar", declaró Jeroen Candel, profesor de la Universidad de Wageningen (Países Bajos), quien subraya que la agroalimentación es "responsable de un tercio de las emisiones de la UE y también de gran parte de la pérdida de biodiversidad".
"Habrá impactos en el mercado, sobre todo a corto plazo", debido también a un cambio general hacia un modelo más sostenible de producción y de consumo que se irá alejando de la ganadería intensiva e incrementando el consumo de fruta, verdura y hongos.
Pero "si los europeos optaran por una dieta más sostenible basada en plantas, los ingresos de los agricultores podrían aumentar hasta un 70 %", asegura.
El experto sostiene que los problemas de los agricultores vendrán "si la legislación cambia constantemente", de ahí que sea positivo dotarse de esquemas con objetivos a "largo plazo".
A FAVOR Y EN CONTRA
Los populares se han alineado con el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), un grupo de presión "muy fuerte" pero que "no representan a todos los agricultores, sino al 'lobby' de los grandes productores", dicen las oenegés.
El PPE tiene en cuenta que en Países Bajos el movimiento agrícola que se opone a la reducción de las emisiones de nitrógeno ha agitado el mapa político y el partido campesino BBB se convirtió en las elecciones provinciales del pasado marzo en la primera fuerza política del país, apuntó Leemans.
El otro lado de la moneda, dice, es que hay "un tsunami de declaraciones positivas", pues la ley ha recibido el respaldo de la comunidad científica y de casi un centenar de grandes empresas, como el grupo hotelero Accor, la cementera Holcim, la eléctrica Iberdrola, la textil Inditex o el fabricante de muebles Ikea.
Los fenómenos meteorológicos como seguías, incendios e inundaciones generan "disrupciones en las cadenas de suministro" que "no son buenas para el negocio", señaló el responsable de Impacto Ambiental y Asuntos Públicos Globales de Nestlé, Owen Bethell, quien compareció junto con las ONG y subrayó que la preservación de los ecosistemas genera resiliencia contra el cambio climático.
CALENDARIO
La propuesta de ley, que propone restaurar el 20 % de los ecosistemas dañados para 2030, fue presentada por la Comisión Europea en diciembre y se encuentra ahora en pleno proceso legislativo.
El Parlamento Europeo y los países de la UE negociarán la normativa final, pero antes cada institución tiene que fijar su posición.
Las comisiones de Agricultura y de Pesca de la Eurocámara, con opinión consultiva, votaron en contra, aunque el escrutinio crucial tendrá lugar este jueves, en la comisión parlamentaria de Medioambiente.
En julio se someterá al pleno del Parlamento, que es donde está la patata caliente pues, aunque no hay unanimidad entre los países, las oenegés creen que las capitales alcanzarán la mayoría cualificada necesaria.
Países Bajos está siendo el más crítico con la iniciativa en el Consejo de la UE, fruto del contexto político doméstico mencionado antes. También son reticentes Bélgica, Polonia, Finlandia (en los aspectos forestales) y Dinamarca y Alemania (por miedo a que la restauración de los ecosistemas frene el despliegue de energías renovables). Entre los grandes defensores de la iniciativa se cuentan Francia, España, Eslovaquia o Estonia.
Los Estados miembros tienen previsto fijar posición en un consejo de ministros de Medioambiente de los países de la UE el 20 de junio.
"Es una pieza clave del puzzle" del Pacto Verde para descarbonizar la UE y desarrollar un modelo económico más sostenible, por lo que es preferible aprobar una ley "algo debilitada que nada", resume Leemans, convencida de que habrá oportunidades futuras de renovar la ambición al alza.
"La agricultura no respeta los límites planetarios, así que serán necesarios más cambios", concluye Candel.
