Durante la presentación del estudio “Índice de Transparencia Presupuestal de Estados 2011”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Trinidad pidió voltear la mirada ahí y ser muy incisivos en cómo se gasta el presupuesto en estados y municipios, porque, “hoy por hoy”, se les entrega una enorme cantidad de recursos y poco se sabe qué hacen con ellos.
Al respecto, citó el Informe sobre Desarrollo Humano de México elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el cual se consigna que entre 1998 y 2010 las aportaciones federales promedio del Ramo 33, entregadas a los estados, aumentaron de 3,800 millones a 14,400 millones de pesos.
El comisionado del IFAI advirtió que en el estudio del PNUD hay un “índice de discrepancias”, que se refiere al gasto que reporta un gobierno, pero que no se ve reflejado en inversión física, en algo que vea el ciudadano.
El estudio del IMCO fue presentado por su coordinador de Finanzas Públicas, Ricardo Corona, durante los trabajos de la VIII Semana Nacional de Transparencia, Estado fuerte, Estado transparente, organizada por el IFAI.
Corona explicó que la investigación buscó saber la calidad con la que responden las autoridades a los ciudadanos cuando requieren información pública, en este caso, la relacionada con los compromisos de transparencia dirigidos a las entidades a las que se asignan recursos federales.
El ejercicio, explicó, consistió en presentar 42 solicitudes de información, a nivel ciudadano, a igual número de dependencias federales, relacionadas con los compromisos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010,
Los criterios utilizados para esta evaluación, dijo, fueron tres: el tiempo de respuesta, los costos de reproducción y la calidad de información.
De acuerdo con los resultados obtenidos, Corona dijo que no se registraron problemas con el tiempo de respuesta ni con los costos de producción.
Respecto a la calidad de la información, hizo las siguientes observaciones: el 79 por ciento de las solicitudes de información fue evaluado con respuesta satisfactoria. En ellas se informó claramente la cantidad de recursos asignados y el porcentaje de cumplimiento correspondiente.
En el 21 por ciento restante se detectaron los siguientes problemas: falta de claridad en los datos obtenidos (2por ciento); se brinda información parcial (2 por ciento); clasificación no justificada (2 por ciento); accesibilidad en los recursos electrónicos (7.5 por ciento), y cantidad excesiva de información sin focalizar (7.5 por ciento).
La recomendación del IMCO, expuso, es que si bien la mayoría de las consultas fueron satisfactorias, todas y cada una de las solicitudes de acceso a la información deben ser respondidas en los mismos términos de claridad, calidad y accesibilidad.
En la presentación del estudio participaron como comentaristas Aimé Figueroa Neri, coordinadora de postgrado e investigadora del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara; y Edna Jaime, fundadora y directora general de “México Evalúa”, organización dedicada al análisis, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el área de seguridad pública y gasto gubernamental.
Junto con el comisionado Ángel Trinidad, quien fungió como moderador, las dos coincidieron en que en la agenda de la transparencia se tiene que dar un paso adicional, para que las autoridades en los tres niveles de gobierno asuman la obligación de entregar información de calidad y accesible para los ciudadanos.
Lo que se debe hacer, propuso Trinidad Zaldívar, es empezar a exigir que no sólo haya suficiente información, sino que ésta se ponga a disposición del ciudadano, de modo que se entienda y que sea de utilidad.