El compromiso incluye además a Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Turquía, Suiza, Noruega y Nueva Zelanda, explicó en un comunicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Los créditos a la exportación no podrán servir para nuevas plantas de carbón, a menos que incluyan un dispositivo de captura, almacenamiento y utilización de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas.
Tampoco para plantas en funcionamiento, si no es para equiparlas con dispositivos de reducción del CO2 expulsado a la atmósfera, y siempre que esos dispositivos no sirvan para ampliar la vida útil de las instalaciones, o para dotarlas de dispositivos de captura del CO2.
La prohibición de utilizar los créditos a la exportación entrará en vigor una vez que los países implicados hayan finalizados los procesos internos de toma de decisiones, lo que se espera que ocurra para finales de este mes.
En la práctica, este anuncio a menos de diez días del inicio de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de Glasgow (COP 26) es más una señal política en dirección de las entidades financieras y de las empresas implicadas en proyectos con carbón que una medida que vaya a tener importantes efectos prácticos.
La razón es que este compromiso llevaba tiempo negociándose y se daba por hecho, sobre todo después del acuerdo del G7 en mayo para dejar de dar ayudas públicas a las centrales de carbón, de forma que no se esperaban créditos a la exportación para esos fines.
Eso no impide que el sector privado de esos 37 países continúe inyectando dinero en nuevas centrales de carbón sin recurrir a ese mecanismo de ayuda pública que son los créditos a la exportación.
Por otro lado, el compromiso presentado por la OCDE no impide que continúen los proyectos que ya están en marcha.