El vicecoordinador jurídico del PRI en la Cámara de Diputados, Arturo Zamora, condenó la ejecución del mexicano Humberto Leal en Texas, y pidió que el gobierno mexicano ejerza presión para que se revisen a fondo los expedientes de otros 51 connacionales sentenciados a muerte en cárceles de los Estados Unidos.
Dijo que como lo recomendó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, es necesario evaluar nuevamente esos casos, con el fin de que se les pueda salvar la vida.
Indicó que el caso del mexicano ejecutado debe marcar un precedente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus organismos consulares argumenten en tiempo y forma a favor de la vida de los ciudadanos mexicanos.
“Es una gran oportunidad para que la SRE plantee la argumentación necesaria que permita, en un momento dado, que se puedan modificar las sentencias que hayan emitido los jurados correspondientes en los casos de 51 mexicanos condenados.
“Es un infortunio que la Secretaría y el servicio consular mexicano hayan estado tardíamente en el caso del mexicano que acaban de ejecutar”, indicó.
En entrevista, señaló que con la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que la Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2010, el país cuenta con nuevas atribuciones de argumentación a favor de la vida.
“El gobierno mexicano, a propósito de la reforma constitucional, ahora tiene nuevos argumentos. Nuestra normatividad se amplió de manera exponencial por lo que en todos estos casos donde la Corte de la Haya recomienda la revisión de todos los casos, el Ejecutivo debe hacer valer su voz”, apuntó.
Zamora Jiménez, mencionó que México acaba de refrendar en el artículo primero constitucional el derecho a la vida, y recordó que el Pacto de San José, firmado por nuestro país y decenas de naciones, prohíbe la posibilidad de volver a implementar la pena de muerte en los países donde se ha eliminado.
Por último, el diputado del PRI indicó que en el índice de las sentencias condenatorias en ese sentido, se puede apreciar una carga discriminatoria, que amenaza a las comunidades latinas en los Estados Unidos.