En rueda de prensa, el vocero de ACNUDH, Rupert Colville, afirmó que la Alta Comisionada, Navi Pillay, considera “que el gobierno de Estados Unidos debe detener la ejecución para revisar y reconsiderar el caso de Leal García y su sentencia”.
En tanto, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, Christof Heyns, y el relator especial sobre tortura, Juan Méndez, pidieron detener la ejecución del mexicano, porque en su caso no se cumplió con los derechos del debido proceso.
Colville señaló que Pillay escribió directamente al gobernador de Texas, Rick Perry, para que detenga la ejecución del mexicano programada para el próximo 7 de julio, urgiéndolo a conmutar la pena.
“Entendemos que Leal García deberá ser ejecutado el próximo jueves, 7 de julio, pero que el gobernador de Texas tiene el poder de conmutar la sentencia por la de cadena perpetua”, subrayó.
Más allá de la posición de la ONU contra la pena de muerte, dijo Colville, este caso plantea problemas particulares, pues a Leal García no se le concedió el acceso a la asistencia consular, a la que tenía derecho como extranjero, según el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Además, el tratamiento de su caso también acarrea preguntas sobre el cumplimiento con la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, sobre 52 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos que no tuvieron asistencia consular.
En dicha sentencia, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que, como un remedio por violar el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, Estados Unidos debe proporcionar “revisión y reconsideración” de la condena Leal García y la sentencia.
De ser ejecutado Leal García el 7 de julio coincidirá con la visita de Pillay a México que tendrá lugar del 3 al 9 de julio.
En un comunicado, el relator Heyns subrayó que “si la ejecución se lleva a cabo, el gobierno de Estados Unidos pondrá en práctica la pena de muerte tras un juicio que no cumplió con los derechos del debido proceso”.
“Esto será equivalente a una privación arbitraria de la vida”, afirmó en forma categórica.
“Las condiciones en el corredor de la muerte durante esos 17 años son tales que equivalen a un trato cruel, inhumano o degradante, de acuerdo con normas bien establecidas en el derecho internacional", dijo Méndez.
Su caso fue objeto de una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia que determinó que el gobierno de Estados Unidos había incumplido sus obligaciones en virtud del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, abundó.
La Corte ordenó más tarde al gobierno no ejecutar a Leal García y dejar pendiente de revisión y reconsideración del caso.
En junio de 2011, en respuesta a una decisión de Corte Suprema de Estados Unidos, un proyecto de ley fue presentado en el Congreso encaminadas a aplicar la decisión de la Corte Internacional de Justicia, citó el texto.
El Estado de Texas, sin embargo, tiene la intención de proceder con la ejecución, condenaron los expertos de derechos humanos de la ONU.
“Si Texas sigue adelante con la ejecución, que será un incumplimiento de la obligación internacional de Estados Unidos”, valoraron Heyns y Méndez.
Si se ejecuta al mexicano en Texas “este acto socavará el papel de la Corte Internacional de Justicia", valoraron los relatores especiales de la ONU en derechos humanos.
Por Gabriela Sotomayor.