En la ratificación ante la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR. Escudero Morales proporcionó información adicional que se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación, con el propósito de hacer llegar todos los elementos de convicción necesarios para el reconocimiento de la probable comisión de delitos federales por parte de servidores públicos nacionales y extranjeros.
“Trascendió que la revista Proceso afirma tener en su poder entrevistas a diversos servidores públicos nacionales y estadounidenses, en las cuales no sólo afirman de la veracidad del operativo “Rápido y Furioso”, sino su participación en él, con lo que se sustenta la ilegal entrada de armas, su uso y destino. La portación y posesión de dichas armas de calibres exclusivos para las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, el contrabando tolerado y controlado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”, puntualizó.
En el documento que entregó el diputado Pablo Escudero se señala que de acuerdo a la nota del periódico Reforma del 30 de marzo, que el día 29 de marzo de 2011, el senador norteamericano Charles Grassley afirmó que la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego vigilaba desde el mes de noviembre de 2010 a Otilio Osorio, preso en la actualidad en una cárcel de ese vecino país del norte, ya que presuntamente compró el arma utilizada en el asesinato del agente de la ICE, Jaime Zapata, el pasado 15 de febrero.
El mismo periódico Reforma informó que el 28 de febrero que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó, mediante un comunicado, que el arma usada en el ataque en el que murió el agente norteamericano Jaime Zapata, fue comprada por Otilio Osorio, el 10 de octubre de 2010 en Texas.
Escudero Morales recordó que el entonces Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, envió una misiva a su homólogo de Estados Unidos, el procurador Eric Holder, a fin de conocer la identidad de los mexicanos que participaron en la ejecución del operativo “Rápido y Furioso”.
En la misma ampliación a la denuncia de hechos, Escudero Morales refiere que el Centro para la Integridad Pública del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, realizó una investigación independiente del operativo, y sólo el 10 por ciento de las dos mil armas que entraron de forma ilegal en México pudieron ser recuperadas en nuestro país y casi el 30 por ciento, presume, fueron recuperadas en territorio de los Estados Unidos.