La reforma amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público.
Por ello, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o Comisión) remitió al gobernador Constitucional de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, una serie de recomendaciones al Decreto y le propuso devolverlo al Congreso del estado a efecto de revisar los planteamientos formulados por esta Comisión, con el objetivo de garantizar que el Decreto se apegue a lo establecido en los artículos 134 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
