El nuevo modelo, que privilegia la confrontación de pruebas y argumentos del imputado y la víctima, tuvo su origen en la reforma constitucional penal de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de ese mismo año.
A partir de esa fecha, varias entidades implementaron de forma gradual este sistema hasta que a primera hora del 18 de junio de 2016 se cumplió el plazo para adaptarlo en todo el país, con el malletazo simbólico del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
En la ceremonia efectuada en el Altar a la Patria, el presidente Enrique Peña Nieto calificó esta implementación como “la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años”.
Luego de firmar el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, enfatizó que en la fase de consolidación "requeriremos igualmente de la voluntad, del compromiso y del trabajo del Estado mexicano en su conjunto".
A pocas horas de ser vigente, la Procuraduría General de Justicia capitalina consiguió que al imputado en el primer delito cometido bajo el nuevo modelo se le dictara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por robo agravado cometido en el paradero del Metro Martín Carrera.
Con este sistema, en el que también hay nuevos actores, se capacitó a los funcionarios, fiscalías, intérpretes bilingües, personal y figuras del ámbito judicial y también se modificó la infraestructura y se equiparon salas de juicios orales para cumplir en su totalidad con el entorno de ese modelo de justicia.
La expectativa ante este sistema tuvo alcance internacional, por lo que México y China compartieron experiencias y conocimientos para una transición adecuada.
También con Chile hubo un intercambio de argumentos sobre la implementación, tanto en el país sudamericano como en México, en el que colaboraron expertos en el panel binacional “El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP): La experiencia en Chile y México”.
Más allá de ser un tema jurídico, su implementación requirió de la participación de diversos sectores, entre ellos el educativo, Así, la Universidad de Guadalajara colaboró con la capacitación y actualización de operadores, alumnos y abogados.
Ello fue posible gracias al convenio del Programa Integral para el Fortalecimiento Docente del nuevo modelo.
Para el mejor entendimiento de dicho sistema, el abogado Everardo Moreno Cruz escribió el libro “El Nuevo Proceso Penal en México y el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Dicho texto, en palabras del autor, “es una obra didáctica y muy puntual” para explicarlo, sobre todo en las aulas donde se estudia derecho y procedimientos penales.
Para la implementación de esta forma de impartir justicia, en el país se han invertido desde 2008 hasta el momento unos 21 mil millones de pesos y nueve de cada 10 pesos de esos recursos fueron aportados en esta administración, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante la inauguración del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio.
Con la adopción de este modelo se transforma el ámbito judicial, lo que coadyuvará a garantizar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso, que tuvo su punto de partida el 18 de junio pasado.