En declaraciones a la prensa previas al inicio de la Sesión Plenaria y acompañado por Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, respectivamente Coordinador y Vicecoordinador del GPPRD, precisó que PRI, PVEM y sus aliados incurrieron en un exceso al imponer ilegalmente su mayoría para “desechar” dichas solicitudes en la reunión de la Comisión Jurisdiccional realizada hoy.
Además de extralimitarse –dijo-, incurrieron en una escandalosa arbitrariedad al aplicar criterios distintos para casos similares, pues en los que ya dejó de existir el fuero reconocieron el derecho de particulares a presentar las solicitudes, pero no así en los casos donde los denunciados aún tienen fuero.
Ortega Álvarez, integrante de la Comisión Jurisdiccional que se reunió hoy, acusó a priistas, pvemistas y adláteres de violentar los derechos constitucionales de la ciudadanía en materia de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, en primer lugar al dilatar durante años el desahogo de las solicitudes, a grado tal de dejarlas prescribir incluso por muerte de los denunciados.
En estos casos podría ser válida la declaración de “improcedencia”, pero de ningún modo el “desechamiento”, en primer lugar porque, contrario a lo que alegan priistas y pvemistas, es facultad de cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, denunciar ante la Cámara de Diputados conductas irregulares de los funcionarios previstas en la misma ley.
De acuerdo con la norma, no es requisito sine qua non la intervención del Ministerio Público, pues prevé que la Sección Instructora debe practicar todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del o los delitos y la probable responsabilidad del imputado, de modo análogo a como procede –dice la ley- en los casos de juicio político.
Las únicas denuncias que no producen efecto alguno son las anónimas, pero esto no se aplica en los casos, por ejemplo, de Peña Nieto, Ávila Villegas y Gómez González, pues en ellos hay promoventes claramente identificados.
Pero suponiendo sin conceder –agregó el parlamentario- que las solicitudes son improcedentes, el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que es la Sección Instructora –y no la Comisión Jurisdiccional- la que podría considerar improcedente las denuncias pero sólo para hacérselo saber al Pleno de Diputados que, en última instancia, resolverá si se continúa o desecha el procedimiento, además sin perjuicio de reanudarlo si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen.
La realidad –señaló Ortega- es que el procedimiento en la Comisión Jurisdiccional fue una más de las triquiñuelas legaloides que dichos partidos y el gobierno federal ponen en práctica en estos días para “cubrirse la espalda” y garantizar impunidad a sus militantes y funcionarios a pesar del cúmulo de evidencias sobre sus actos de corrupción, ejercicio indebido de atribuciones, enriquecimiento ilícito y muchas otras irregularidades.
Se trata –afirmó- simple y llanamente de otra burla más en contra de la ciudadanía perpetrada nuevamente desde los órganos del Congreso de la Unión, en este caso la Cámara de Diputados, donde, mientras por un lado se dice que se ataca a la corrupción, se defienden los Derechos Humanos, se protege a las víctimas y se hace buen uso de los datos personales, por otro lado se realizan malabares para victimizar a los mexicanos mientras se garantiza impunidad a los agresores.
Este sexenio, que ha sido calificado como el “sexenio de hidalgo” por el nivel de saqueo rapaz en contra de la población –dijo-, quiere encontrar su cobertura en la manipulación y tergiversación de las leyes existentes, sea por medio de interpretaciones a modo –como en este caso- o sea a través de su modificación aun cuando vayan en contra de la Constitución y los tratados internacionales.
Ortega Álvarez señaló que la Cámara de Diputados, como institución, no debe prestarse más a este tipo de triquiñuelas, pues caro le ha salido al país, tanto política como económicamente, su complicidad, por acción u omisión, en casos como los de Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Humberto Moreira.
Seguir por el mismo camino –advirtió- no sólo mina la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino también la estabilidad democrática y el Estado de Derecho en su conjunto.
Francisco Martínez Neri, coordinador del GPPRD, a su vez, no dudó en llamar “afrenta a la nación” la imposición del PRI y sus aliados para dejar en impunidad las conductas indebidas de los funcionarios.
“Lo reprobamos totalmente. Esto no puede ser en un régimen en el cual debe prevalecer la justicia, nunca la impunidad”, dijo y anunció que el GPPRD analiza ya las alternativas legales para impedir esta afrenta.
Jesús Zambrano, Vicecoordinador, advirtió que para la ciudadanía no debe pasar desapercibida esta maniobra ni las insuficiencias de la ley, en su caso, porque finalmente la impunidad redunda en agravio a la propia ciudadanía.
Respaldaron estos pronunciamientos los también diputados Cristina Gaytán Hernández, Felipe Reyes Álvarez, Waldo Fernández González, Héctor Peralta Grappin y Alejandro Ojeda Anguiano.
