Consideró que ambos planes, presentados por el mismo Ávila Villegas y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhiben a esos gobiernos como carentes de respuestas claras para brindar seguridad a las familias mexiquenses.
Criticó que a un año de que finalice su gestión, Ávila Villegas plantee “nuevas estrategias” para hacer frente a la delincuencia desatada y generalizada en el estado, en particular en Ecatepec de Morelos, lo que demuestra que en cinco años hizo poco o nada realmente efectivo para resolver el problema de inseguridad.
El líder del PRD en el Estado de México lamentó que esta entidad nuevamente aparezca como uno de los lugares más inseguros, en particular para las mujeres, a pesar de los reiterados reclamos de la ciudadanía a los dos gobiernos y de la declaración de Alerta de Violencia de Género en 11 municipios, lo que prueba que las respuestas han sido tardías, demagógicas o programas fallidos.
Para Ortega Álvarez no podría ser de otra manera si ambas autoridades, debido a su desinterés hacia la seguridad de la ciudadanía, carecen de un diagnóstico del problema, es decir, de cifras fiables que demuestren la magnitud del desafío para así emprender acciones adecuadas y combatir la desaparición de personas.
Incluso, organismos internacionales han llamado la atención al gobierno mexicano sobre el peligro en que viven mujeres y niñas en el país debido a su incapacidad para responder a las denuncias iniciadas por desaparición y su falta de avances en investigaciones, que perfectamente dejan al descubierto la profunda brecha que existe entre normativa y políticas públicas de la realidad.
En su informe “Situación de los Derechos Humanos en México”, la CIDH denunció que de 2011 a abril de 2015 –en menos de cuatro años- se encontraban desaparecidas o extraviadas más de siete mil 60 mujeres. Un mil 170 desaparecieron en Tamaulipas y poco más de un mil en el Estado de México.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reporta una cifra cercana a ésa -siete mil 185 mujeres-, pero para un periodo que va de 1970 a agosto de 2015, si bien reconoce que 96 por ciento de casos fueron en los dos últimos sexenios, incluido el de Enrique Peña Nieto.
En este Registro, Tamaulipas y Estado de México aparecen nuevamente como “focos rojos” para las mujeres, con 31 por ciento del total de casos: Tamaulipas con mil 185 y Estado de México con mil 23.
También contabiliza 125 denuncias del orden federal sobre mujeres desaparecidas de enero de 2014 a junio de 2015, aunque el mayor número de casos es también en el Estado de México, así como en Guerrero, Veracruz y Tamaulipas.
Por su parte, la organización Observatorio Nacional del Feminicidio apuntó que de 2005 a 2014 desaparecieron en el Estado de México cuatro mil 285 mujeres, de las cuales 95 fueron encontradas asesinadas. El mayor número de víctimas tenía entre 15 y 17 años de edad, aunque en Ecatepec, Tecámac y Río de los Remedios fueron descubrieron cadáveres de niñas de 12 a 13 años.
“Coincidimos con la CIDH –señaló Ortega- en que existe un serio problema en el registro de mujeres y niñas desaparecidas o asesinadas, así como en la investigación, justicia y prevención de más casos. Con la CIDH, expresamos nuestra profunda preocupación por la falta de avances y exigimos resultados”.
No puede ser –agregó- que las instancias oficiales no se pongan de acuerdo y que la información que proporcionan sea sesgada y poco confiable. Es incluso condenable que hasta el momento no se sepa con exactitud cuántas mujeres han sido encontradas vivas o muertas o si todavía están desaparecidas.
“Estamos frente a tal incompetencia gubernamental hacia un grave problema que, como legisladores, no lo podemos seguir tolerando o solapando”, dijo al solicitar nuevamente la intervención del Congreso de la Unión a través de una propuesta de punto de acuerdo para pedir a las autoridades federales que ya den resultados.