En una votación de ocho contra tres, el Alto Tribunal rechazó la propuesta del ministro ponente acerca de que la resolución de la Corte fuera un señalamiento de responsabilidades políticas, éticas y morales, y que los ministros se limitarán a mencionar a los “involucrados” en estos hechos.
Al inicio de la sesión Arturo Zaldívar defendió su postura y dijo a los integrantes del pleno que los señalamientos a su propuesta fueron aislados, y “que se sacó de contexto su proyecto”.
Sostuvo que en los argumentos que se expusieron el lunes hubo “discusiones sobre las hojas del árbol, pero no del árbol”; aseguró que lo que causó inquietud fueron cuestiones políticas, éticas y morales.
Recalcó que la Corte es un órgano político y la cabeza de uno de los tres poderes de la unión y su autoridad deriva de la Constitución, por lo que sus resoluciones tienen trascendencia política y moral, cuando hay personas que incurrieron en violaciones graves de garantías.
Luego de las posturas en contra de su dictamen, consideró que si el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución no sirve para fincar responsabilidades, “si fuera eso cierto, pues realmente el 97 no sirve para nada; y si no sirve para nada, y lo digo con el mayor de los respetos, pues no ejerzamos la facultad pero si la ejercemos, vamos a darle un sentido”.
Al respecto ocho de los ministros señalaron que la Constitución no los faculta para señalar a los responsables, y Margarita Luna hizo referencia a las aseveraciones de Zaldívar; sostuvo que “no es temor a la palabra” sino que este impedimento se le debe adjudicar al constituyente, que es el encargado de redactar la Carta Magna.
Una vez expuestos los argumentos, el ministro presidente Guillermo Ortiz llamó a votación y los únicos que apoyaron la posición de Arturo Zaldívar fueron Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, en tanto que el resto se pronunció por apegarse al criterio que se utilizó para el caso Oaxaca, de sólo señalar a involucrados.