A finales de 2014, la tasa de desempleo femenino era del 10.7 por ciento y la de los hombres, de alrededor del 7.9 por ciento, una diferencia persistente en el tiempo y más acusada durante las recesiones. Estas disparidades son heterogéneas desde un punto de vista geográfico, y sus cifras no van asociadas a las del empleo: la brecha es mayor en las ciudades costeras, donde generalmente hay menores tasas de desempleo, y es menor en Bogotá y Medellín.
Es destacable que las mujeres, generalmente mejor educadas que los hombres, obtienen peores indicadores laborales a todos los niveles: mayores tasas de desempleo, menor participación laboral y ocupación, e ingresos más bajos. Esta realidad se da a pesar de que Colombia tiene una de las tasas de participación femenina más altas de la región. Las mujeres desempleadas son, por lo general, más jóvenes y más educadas que los hombres, están casadas o en pareja, y el 20 por ciento son cabezas de familia y tienen hijos menores de 5 años.
Una investigación reciente del Banco Central de Colombia ha vuelto a poner el foco en estas diferencias de género: las responsabilidades familiares aparecen como un factor decisivo para que las mujeres puedan participar y tener éxito en el mercado de trabajo.
Colombia se ha esforzado en legislar para acabar con la discriminación de género y promover la participación femenina en el trabajo. Las leyes vigentes ofrecen numerosos instrumentos que protegen a las trabajadoras que tienen contrato indefinido: protección contra el despido durante el embarazo, baja por maternidad (extendida de 12 a 14 semanas en 2011), reintegración laboral, etcétera. Ante el incremento de los contratos de media jornada y los de duración limitada, la Corte Constitucional de Colombia (conocida por su incansable defensa de los derechos sociales) extendió esas protecciones a los contratos de plazo definido.
En un estudio de Ramírez, Tribin y Vargas, en el que se analiza el impacto de la extensión de la licencia de maternidad en Colombia, se señala que la inactividad laboral se incrementó en la cohorte de alta fertilidad cuando llegaron los cambios en la baja por maternidad: los empleadores tienen desde entonces menos interés en contratar mujeres en su edad de fertilidad. Además de sus dificultades para encontrar un empleo, las mujeres se ven expulsadas del mercado de trabajo, por lo que acaban en la inactividad. Al mismo tiempo, una vez puesta en marcha esta legislación, se produjeron otros resultados inesperados derivados de la alta incidencia de la informalidad y el autoempleo de las mujeres, lo que condujo a una baja productividad y a trabajos de inferiores salarios. Este es un ejemplo más de una legislación que acaba perjudicando a quienes debía proteger.
Junto con un cambio cultural que lleve a un reparto más igualitario de las responsabilidades familiares y el cuidado de los niños, los autores sugieren medidas políticas concretas para mitigar esos resultados. Una baja por paternidad, de estilo similar al europeo, donde cada padre pueda dedicarse al cuidado de los niños, podría representar un paso en esta dirección. Reducir los costes de las bajas de maternidad podría ser otra opción.
Este problema, por cierto, no sólo se da en la región. Lai y Masters, en 2005, encontraron que las trabajadoras de Taiwán experimentaban un empeoramiento de su situación económica e inferiores salarios como resultado de su baja por maternidad. Más cerca de nuestra región también hay ejemplos. De acuerdo con Blau y Khan, Estados Unidos se encuentra por detrás del resto de países de la OCDE en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que puede asociarse a una falta de políticas familiares, como la baja por paternidad, y la ausencia de un horario más flexible.