A través de una petición oficial, pidieron al ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, que haga efectivos los mecanismos de protección constitucional necesarios para resguardar sus derechos humanos y garantías individuales, toda vez que a seis meses de peregrinar para intentar recuperar el 100 por ciento de sus ahorros, las respuestas de las autoridades han sido nulas, carentes de certeza jurídica, transparencia, congruencia, fundamentación y motivación.
Enrique Gracia y Adrián García, confiaron en que la respuesta de la CNDH será sensible y ágil, no obstante, advirtieron que agotarán todas las medidas legales a su alcance hasta lograr una respuesta capaz de devolverles los ahorros de toda una vida de trabajo. En este contexto, anunciaron que el próximo 25 de junio realizarán una movilización en el Zócalo capitalino e hicieron un llamado a los ahorradores de los estados de la República para que se integren a la protesta.
Así también acusaron de soberbia la actitud del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien no ha emitido declaración alguna sobre la intervención a Ficrea y se ha negado a designar a un representante con capacidad ejecutiva y resolutiva para establecer mesas de negociaciones; en el mismo tono, acusaron a Jaime González Aguade de manipular las leyes y desde la CNBV favorecer el despojo de que fueron víctimas, al no intervenir a tiempo cuando detectaron irregularidades y ahora impedirles el acceso a la información relativa al caso.
“Consideramos que han sido violentados nuestros derechos al honor, la buena imagen, la presunción de inocencia, la privacidad, la intimidad, el derecho a no ser molestado en sus bienes, derechos y posesiones y en general a evitar intervenciones u omisiones arbitrarias del Estado que afecten la esfera de la libertad de las personas”, afirmó Enrique Gracia tras subrayar que son 6,848 familias de ahorradores las que hoy se encuentran en situación de despojo.
Adrián García recordó que en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna se establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, sino mediante juicio seguido ante tribunales; y nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, no obstante ambos derechos han sido violados por la CNBV al ordenar la intervención gerencial sobre Ficrea.
“Nuestros ahorros son resultado de una vida honesta de trabajo y esfuerzo; no resultado de operaciones especulativas, puesto que la mayor parte de los ahorradores pertenecen al grupo de la tercera edad”, insistió Adrián González, quien subrayó que el error de los ahorradores fue haber confiado en la supervisión y vigilancia de las autoridades financieras, quienes debían protegerlos y no lo hicieron; por el contrario, enfatizaron “utilizaron las leyes para despojarnos de nuestros ahorros”.
Explicó que el documento emitido por la CNBV el pasado 7 de noviembre donde se ordena la intervención gerencial de Ficrea, viola el artículo 16 constitucional al no estar debidamente fundado ni motivado y carecer de las firmas de las autoridades correspondientes. También señalaron que el Comité de Protección al Ahorro también contravino los ordenamientos al aplicar una suspensión total de actividades cuando se había ordenado sólo una suspensión parcial de operaciones.
De igual forma, subrayaron las omisiones de la CNBV como parte fundamental del daño sobre sus intereses, toda vez que dieron espacio a que el fraude en su contra creciera con el paso del tiempo. “Si la CNBV hubiera actuado a tiempo, en cumplimiento a sus obligaciones de vigilancia y supervisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular vigente, el hueco financiero en Ficrea no sería gigante, como lo asegura el presidente de la CNBV”, concluyeron.
Los ahorradores solicitaron a la CNDH su intervención diligente y oportuna ante la queja de violación de derechos humanos, a fin de que realicen las actuaciones legales y administrativas correspondientes para que hagan valer a su favor las vías legales por responsabilidades civiles, administrativas, patrimoniales, resarcitorias, políticas y cualquier otra que resulte a su favor.
Finalmente, solicitaron al ombudsman nacional que investigue y de ser el caso, recomiende sancionar a los servidores públicos por violación a los derechos humanos, además de activar de inmediato los mecanismos de prevención, protección y reparación de daños que consagra la Constitución Política mexicana.
Al ser cuestionados sobre el número de ahorradores que se habrían inscrito para recibir el seguro de alrededor de 132 mil pesos, como una parte del pago a cuenta de su cifra total, Adrián González manifestó que la cifra llegaría a alrededor de 6,500, sin embargo, expresó que aún este trámite es tortuoso y tardado, ya que los ahorradores pueden durar más de tres meses para poder tener acceso a los recursos.
El vocero de los ahorradores, fue muy enfático al señalar que el pago del seguro por parte de las autoridades financieras, no los exime de buscar al recuperación total de sus ahorros.