“Nos interesa saber qué va a pasar con los derechos de los trabajadores, una vez que se vendan y que se haga la disolución de los activos de la empresa (…), sobre todo de la Secretaría del Trabajo, qué es lo que piensan hacer con los trabajadores que se van a ver afectados con el caso Mexicana”, indicó.
Mexicana de Aviación dejó de operar el 28 de agosto del 2010 por problemas financieros y se recurrió a un concurso mercantil como medida para evitar la quiebra, la cual finalmente fue declarada el pasado 3 de abril por el juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil.
En rueda de prensa, Aguilar Gil mencionó que esta declaración de bancarrota de la empresa “demuestra la selectividad con la que el gobierno opera para la protección de trabajadores, específicamente si comparamos el caso de Mexicana con el caso de Oceanografía”.