“En este momento son tres millones los que ya tienen alimento, en la estimación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tres de los siete que estaban en extrema pobreza sin alimentación, ya pudieron rescatarse, entonces en ese programa puede lograrse la meta este año de cuando menos seis”, dijo.
Durante su participación en el Foro Nacional de Consulta para la Elaboración de la Política de Desarrollo Social 2013-2018, realizado en un hotel de la Ciudad de México, el diputado destacó que la política social del Gobierno federal tiene como objetivo terminar con el asistencialismo y promover la autosuficiencia alimentaria, además de garantizar que aquel funcionario de cualquier orden de gobierno que no maneje bien los recursos enfrente la ley.
Afirmó que los programas sociales no se frenarán por cuestiones electorales, “van encauzados, están bajo una estrategia específica, están convergiendo varias dependencias coordinadas en los estados y municipios; así que es un tema operado coordinadamente en el que queda afuera el manejo electoral, porque tanto Federación, gobernadores y municipios pertenecen a diferentes partidos”.
Informó que en los estados se han creado Consejos que avalan quienes serán beneficiarios por los programas sociales, lo cual garantiza democracia y transparencia.
Detalló que la Federación y los estados cuentan con un padrón de los derechohabientes que realmente necesitan ser beneficiados por los programas sociales, lo que evita que éstos se politicen.
“Anteriormente se politizaban porque le daban a grupos de operadores electorales para hacer “talacha”, en lugar de ver la gente que lo necesitaba”, refirió.
El diputado priista precisó que algunos municipios aún no cuentan con una lista de beneficiados. “Estamos analizando la posibilidad de que esto se haga ley para que tanto municipios, estados y federación pongan los nombres de los derechohabientes y no se tripliquen o se dupliquen los beneficiarios”, abundó.
En su participación, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, destacó que la política social de nueva generación implica concurrencia, es decir, que los programas y sus presupuestos estén alienados en función de objetivos y metas específicas.
“Nuestra política social tiene que estar en función de los indicadores a partir de los cuales se mide la pobreza y la desigualdad. Estos indicadores son los derechos a la salud, a la vivienda y a la alimentación: Es por eso que nosotros hemos planteado una estrategia de concurrencia a partir de recuperar la rectoría del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social que estamos alineando en función de indicadores”, dijo.
En el Foro Nacional de Consulta estuvo presente el subsecretario de Agricultura de la Sagarpa, Jesús Aguilar Padilla; el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández Licona; y el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.
Además, del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas; la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma Carolina Viggiano Austria; el director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Ángel Ramón Islava Tamayo, y el coordinador de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), Jorge de Jesús Diez de Sollano.