Hasta hoy, se han autorizado 1,119 empresas que representan 47 por ciento de operaciones de comercio exterior y 62 por ciento del valor de las importaciones temporales en el 2013.
Gracias a los beneficios de la certificación y a la facilidad para obtenerla están en proceso más de 1,900 solicitudes provenientes principalmente de los estados de Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. Además, aquellas empresas que no hayan presentado su solicitud aún pueden hacerlo, considerando los plazos de atención.
Con la participación de la industria exportadora, desde principios de 2014, la autoridad definió los requisitos y beneficios para la certificación y se estableció un calendario para atender de manera gradual y ordenada al mayor número de empresas.
La certificación de IVA e IEPS aplica para empresas que introducen bienes al país bajo los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico.
Las empresas certificadas pueden beneficiarse con un crédito fiscal consistente en una cantidad equivalente a 100 por ciento del IVA e IEPS por la importación temporal de sus mercancías. Para obtener la certificación, deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y cumplir los requisitos que señalan las disposiciones fiscales.
Quienes no cumplen con los requisitos, tienen como alternativa los esquemas de garantía —a través de la fianza o carta crédito—, o pagar el IVA y el IEPS llevando un orden administrativo que les permita sustentar las solicitudes de devolución de saldos a favor que se requieren a fin de que una vez que confirmen la exportación de los insumos y mercancías importadas temporalmente, pueden solicitar y recibir las devoluciones correspondientes.
La certificación permite depurar a aquellos importadores que abusaban del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) y que en lugar de utilizar los insumos para exportar los destinaban al mercado interno afectando la planta productiva nacional y generando un factor de competencia desleal a la industria nacional.