En su intervención, el Secretario de Economía recordó que el año 2012 la carga regulatoria representaba el 4.25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y, de acuerdo al último reporte en 2016, se ha logrado una reducción de casi 1 por ciento.
Y precisó que “el programa normal de mejora regulatoria lleva un avance del 60%; tenemos que recordar que en febrero de 2017 se realizará la notificación del cumplimiento de estos programas a la Secretaría de la Función Pública”, dijo.
Durante la sesión del Consejo se destacó que con las acciones de simplificación realizadas por las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), así como de la simplificación de los 85 trámites de mayor impacto del Gobierno Federal, se generará un ahorro de más de 242 mil millones de pesos.
Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Director General de la COFEMER señaló que 59 dependencias de la APF se comprometieron a realizar 1, 380 acciones de simplificación a 1,133 trámites y servicios para el 2017, a través de los Programas de Mejora Regulatoria (PMR), registrando un avance de 63%. Además, detalló los avances para revisar y reformar 417 regulaciones federales que mejorarán el ambiente de negocios.
Por otro lado, seis dependencias y organismos descentralizados de la APF, Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Secretaría de Economía (SE); el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) y la Secretaría de Energía (SE), compartieron sus experiencias en relación a las acciones de simplificación que implementaron en los trámites de mayor impacto.
En esta sesión del Consejo, Gutiérrez Caballero mencionó que a partir de la implementación de la Agenda Nacional Integral y Estratégica de mejora Regulatoria, en el 2016, se simplificaron 3,780 trámites de cinco entidades y tres municipales, a través del Programa de Simplificación de Cargas (SIMPLIFICA); se certificaron ocho ventanillas únicas, a través del Programa de Reconocimiento y Operación SARE (PROSARE); se capacitaron a 3,027 servidores públicos de 24 entidades federativas y, en lo que respecta al marco normativo en materia de mejora regulatoria, se generaron cuatro leyes, 24 reglamentos municipales y se firmaron 34 convenios para implementar herramientas de mejora regulatoria (cinco con entidades federativas y 29 con municipios).
En relación con los avances para dar seguimiento a la instrucción presidencial en materia de mejora regulatoria, destacó que el proyecto contempla la desarrollo de siete programas para implementar una profunda política nacional de mejora regulatoria en las 32 entidades federativas del país: 1) Reforma a tres sectores estratégicos;2) Simplificación de trámites y servicios en las 32 entidades federativas; 3)Simplificación de Licencia de Funcionamiento; 4) Simplificación de Licencia de Construcción; 5) Encuesta Nacional sobre Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCIRGE), 6) Formación de Capacidades y 7) Implementación de Juicios Orales Mercantiles.
Para finalizar, dio a conocer que se firmaron tres convenios de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas A.C. (CIDE) y con el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), así como la aprobación del Proyecto de Justicia Cotidiana por el Consejo Directivo del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), a fin de implementar el proyecto de Justicia Cotidiana.
