Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) fueron negociados durante la presidencia de George W. Bush bajo la llamada "vía rápida", por lo que el Congreso sólo puede aprobarlos o rechazarlos sin hacer modificación alguna.
Se prevé que el comité aprobará los pactos comerciales pese a la oposición de algunos demócratas y, posteriormente, la Cámara de Representantes hará lo propio la próxima semana. El Senado los someterá a votación antes de fines de octubre, según fuentes legislativas.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha hecho de estos acuerdos comerciales la piedra angular de su agenda económica, al insistir en que un aumento en las exportaciones alentará la creación de decenas de miles de puestos de trabajo.
Pero en junio pasado, la Administración de Obama condicionó el envío de los TLC al Congreso a una extensión de cinco años de la Ley de Ajuste Comercial (TAA), que otorga ayuda económica y capacitación a trabajadores desplazados por la competencia del comercio exterior.
Los tratados, que se mantuvieron en el congelador por la oposición de los demócratas -el de Colombia se suscribió en noviembre de 2006-, cuentan con el apoyo del empresariado, que busca ampliar su cuota de mercado regional.
Según el grupo American Farm Bureau, que representa a empresas agrícolas, los tres pactos comerciales, en su conjunto, representan exportaciones agrícolas por cerca de 2.500 millones de dólares para Estados Unidos y podrían ayudar a generar hasta 22,500 empleos en este país.
Pero la mayor federación sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, ha prometido mantener la batalla en contra de la ratificación de los pactos comerciales, al asegurar que no ayudarán a crear empleos.
La AFL-CIO lanzó el martes una serie de anuncios en The Hill, Roll Call y Politico, los principales diarios especializados en la cobertura del Legislativo, en los que denuncia que los pactos son producto de un fallido modelo económico "que han hecho a los ejecutivos empresariales más ricos y han exportado nuestros trabajos" al exterior.
Cerca de 200 activistas sindicalistas acudieron el martes al Congreso para presionar por la aprobación de mayores inversiones en la infraestructura y ayudas estatales, así como por la ratificación de pactos que sí beneficien a las clases media y trabajadora de Estados Unidos.