Los legisladores de la bancada tricolor, coordinados por el coahuilense Rubén Moreira Valdez, hicieron notar que en el documento, enviado al Senado para su discusión, se establece que un asalariado pagará más impuestos que una persona física con actividad empresarial, de acuerdo con el Régimen Simplificado de Confianza que se propone establecer. Es decir, criticaron, habrá más dureza contra los que siempre pagan.
Esto significa que una persona física con actividad empresarial que recibe un ingreso mensual de 20 mil pesos y anual de 120 mil pesos pagará un Impuesto sobre la Renta de mil 200 pesos, mientras que un asalariado con ese mismo devengo pagará 10 mil pesos, manifestó la fracción priista.
El GPPRI en la LXV Legislatura declaró que la miscelánea, aprobada por la mayoría parlamentaria y sus aliados, atenta contra el derecho humano a la privacidad, pues la autoridad pretende utilizar herramientas de geolocalización —cuando así lo estime y de forma discrecional— para ubicar, perseguir e incluso hostigar al contribuyente.
Los diputados priistas resaltaron que el documento avalado por Morena, con la votación en contra del PRI y las demás fracciones opositoras, incurre en un exceso al considerar como delitos hechos que no lo son. Por ejemplo, se estima como contrabando el trasladar bienes o mercancías, por cualquier medio de transporte nacional, sin contar con el comprobante fiscal digital por internet correspondiente al tipo de ingreso o de traslado, con el Complemento de Carta Porte respectivo.
Insistieron en que la obligación de que los jóvenes se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes solo cumplan los 18 años de edad, atenta contra este sector de la población. Al respecto, externaron que al final del día la redacción del Artículo 151 es confusa, se presta a contradicciones y seguramente tendrá que ser reformado, porque no deja claro su alcance en cuanto al resto de las contribuciones, por lo que podría ser regresado por el Senado de la Republica.
También reclamaron que se atente contra la participación de los ciudadanos organizados a favor de los grupos vulnerables, pues aproximadamente 3 millones de personas en situación de pobreza y de pobreza extrema dejarán de beneficiarse de la asistencia social, que reciben a través de las organizaciones de la sociedad civil, al limitar las deducciones fiscales.
Finalmente, el GPPRI denunció que la propuesta presupuestal del gobierno federal para el año próximo es discrecional, debido a que genera incertidumbre jurídica, además de que reducirá el crédito a las empresas y endurecerá las gestiones de cobranza.
