La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dijo que no es una mera anécdota que Peña Nieto comenzara desde el mismo 1º de diciembre de 2012 con un uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales, que hoy permanece impune. En el instrumento fundamental para orientar las políticas de la administración pública federal, el Plan Nacional de Desarrollo, las líneas de acción en la materia se limitan a objetivos genéricos, además de que no se menciona ningún indicador ni tampoco un programa nacional en derechos humanos dentro de los apartados específicos.
A pesar de la abundancia de promesas de campaña sobre seguridad y derechos humanos, el gobierno en funciones no tiene un proyecto serio, acorde con la gravedad y con la urgencia, ni mucho menos la voluntad política para revertir la sistemática violación de los derechos humanos, como nos muestran los hechos cotidianos y las estadísticas disponibles, indicó.
La fracasada estrategia de seguridad pública del antecesor en la presidencia no ha sido modificada en lo absoluto. La intención de crear una “Gendarmería Nacional” no ha avanzado y desconocemos qué razones sostienen su pertinencia. Por el contrario, el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que, no les corresponden, sigue vigente e incluso se ha intensificado al intervenir en múltiples conflictos sociales, aseveró Tapia Fonllem.
A este respecto, la aparición de nuevos grupos de autodefensa, policías comunitarias y guardias civiles en el sur del país es un síntoma del hartazgo de la ciudadanía ante la delincuencia que opera con la omisión o la complicidad del Estado. Lejos de remediar las causas de estos fenómenos, se ha satanizado y perseguido a las comunidades que han tomado este riesgoso camino.
La magnitud de las agresiones y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos se ha mantenido, con 63 casos en tan sólo 6 meses, según ha acreditado el reciente informe del Comité Cerezo y ACUDDEH. En esta administración al menos cuatro periodistas han sido asesinados, tres desaparecidos y nueve medios ha sido atacados, de acuerdo con Artículo XIX. A pesar de la puesta en marcha del Mecanismo derivado de la Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, un gran número de casos permanece impune y no se han podido prevenir nuevas agresiones o evitar el escalamiento de éstas.
En cuanto a las personas desaparecidas, la estadística oficial ha sido objeto de una gran polémica en la opinión pública y ha revelado divergencias entre las mismas autoridades. Al no haber un dimensionamiento real del problema, en la abrumadora mayoría de los casos no se han llevado a cabo las diligencias necesarias para la búsqueda inmediata y la investigación exhaustiva. Por el contrario, se han presentado más casos con la participación de agentes oficiales, como el caso de las cuatro personas desaparecidas por elementos de la Marina en Tamaulipas que ha señalado Amnistía Internacional. La impunidad prevalece también en los casos de ejecuciones extrajudiciales y tortura, que continúan siendo prácticas comunes ante la continuidad de la “estrategia” contra el crimen organizado.
Tampoco Peña Nieto ha avanzado en la protección a los derechos de las mujeres. Hemos conocido casos sensibles de criminalización contra mujeres que deciden, o que al menos han contemplado hacerlo, interrumpir el embarazo, incluso en casos de violación. Los feminicidios a nivel nacional continúan su brutal ascenso en medio de la impunidad, ante un nuevo capítulo de indiferencia de quien, como gobernador del Estado de México, dejó sin solución el alarmante crecimiento de estas cifras, dijo la también secretaria de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México.
No ha habido valentía ni voluntad política para desarticular las redes de trata de personas con distintos fines de explotación, a pesar de que día con día los medios de comunicación y organización dan a conocer mayores detalles de su operación. Por el contrario, cuando se trata de personas migrantes, la acción del Estado incurre en su revictimización. La persecución y detención masiva de migrantes refleja la visión de un gobierno que los considera amenazas a la seguridad antes que personas cuya integridad está obligado a proteger.
El cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha sido postergado en nombre de una cruzada asistencialista y demagógica. Por el contrario, el despojo de los recursos de los pueblos, las tierras, el agua, el subsuelo y los bosques, continúa por parte de terratenientes, grandes empresas y autoridades, en Xochicuautla, en el Valle del Yaqui, en la región otomí de Guanajuato, y en un sinfín de rincones donde se ignora el derecho a la consulta libre, previa e informada.
En su facultad de iniciativa y en sus funciones de enlace legislativo, el Ejecutivo no ha mostrado interés en la agenda prioritaria de que plantean organismos internacionales y organizaciones de defensa de derechos humanos. La derogación del arraigo, la acotación del fuero militar, la erradicación de la tortura y otros tratos crueles vinculados con la labor policiaca y ministerial, así como la emisión de nuevas leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional de 2011 no han sido objeto de ninguna propuesta de legislación por parte de la Presidencia.
El Grupo Parlamentario del PRD, aseveró Tapia Fonllem, estará muy atento a revisar el Primer Informe de Gobierno respecto al desempeño de instancias emergentes como el Mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR o la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos Gubernamental de SEGOB.
El grado de transparencia y rendición de cuentas, que al Ejecutivo correspondería dar a estas instituciones, nos impide evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones, por lo que vigilaremos que no se conviertan en una mera concentración de recursos y burocracia para continuar con la simulación ante una emergencia nacional en el terreno de los derechos humanos, concluyó la diputada del PRD.