En respuesta al informe “Víctimas invisibles, migrantes en movimiento a través de México”, de Amnistía Internacional (AI), la Secretaría de Gobernación (Segob) puntualizó que se trabaja en un convenio para la prevención y combate al secuestro de esas personas.
En un comunicado la institución federal precisó que además de la Segob en la elaboración de ese documento trabajan la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Expuso que si bien el crimen organizado ha diversificado su actuación extendiéndose a otras actividades ilícitas que afectan de manera directa a los migrantes, se trabaja en forma coordinada para atacar ese flagelo.
La dependencia planteó que la búsqueda de soluciones eficaces sólo puede ser resultado de un trabajo entre las distintas dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal involucradas, los órganos constitucionales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno federal puntualizó que comparte la preocupación y reconoce la complejidad y la urgencia de atender el fenómeno delictivo que padecen algunos migrantes en este país.
De ahí, subrayó, la necesidad de mantener una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de ese grupo vulnerable en territorio nacional.
En tanto, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que como parte de su responsabilidad implementa estrategias como la difusión de los derechos de los migrantes mediante folletos informativos.
También se ha divulgado la entrada en vigor de nuevas normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, en las que se prevé la obligación de informar al alojado sobre sus derechos y obligaciones.
Entre ellas citó el derecho a denunciar cuando sea víctima de delitos, la aplicación de un examen médico cuando se determine su ingreso a la estación y la posibilidad de que salga de las estaciones migratorias cuando sea requerido por cualquier autoridad para el desahogo de diligencias o prácticas judiciales o administrativas.
La estrategia del gobierno federal incluye fortalecer al Grupo Beta, cuyo objetivo es proteger la integridad física y patrimonial de los migrantes con independencia de su nacionalidad y calidad migratoria.
Entre otras acciones destaca el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos y los lineamientos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes no Acompañados, con los que se brinda atención de manera integral a menores radicados en las áreas limítrofes del país y a los menores migrantes que viajan solos.
En el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos resalta la Estrategia de Atención a los Menores Migrantes en la Frontera Sur, que busca establecer las bases para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros que se encuentran en esa zona.
“México ha sido pionero en el diseño institucional para la protección de los niños migrantes a través de los Oficiales de Protección a la Infancia, que se encargan exclusivamente de atender a menores migrantes en fronteras y estaciones migratorias”, destacó la Segob.
De igual forma figuran las acciones para enfrentar el delito de trata de personas, como la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y su Reglamento, a través de las cuales se creó la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Subrayó que una medida adicional a las adoptadas por el Estado mexicano es la facultad de la autoridad migratoria para expedir la documentación migratoria de testigo o víctima.
Mediante esa acción se concede estancia legal a un extranjero, con entradas y salidas múltiples y permiso para dedicarse al ejercicio de cualquier actividad (lucrativa o no), siempre y cuando sea lícita y honesta, precisó la dependencia federal en el comunicado.
