En la propuesta, el Ejecutivo Federal indicó que ese proceso se llevará a cabo con pleno respeto a los derechos de los trabajadores que concluyan su relación laboral con el gobierno federal, en términos del marco jurídico laboral.
Expuso que ante la severa crisis financiera mundial es necesaria una reestructuración administrativa, por lo que se han implementado medidas para racionalizar el gasto público.
Así se plantea la desaparición de las secretarías de la Función Pública, Reforma Agraria y Turismo, lo que implica la supresión de sus estructuras administrativas pero no la eliminación de las funciones que tienen asignadas.
"El objetivo es hacer más con menos, aprovechando estructuras existentes y evitando, además, posibles duplicidades", explicó.
De esa manera las funciones fundamentales de dichas dependencias -mas no el gasto administrativo que hoy representan- se trasladarían a otras secretarías afines.
Además se establecen mecanismos y plazos específicos a fin de que los recursos destinados al servicio de las dependencias que desaparecen, así como sus asuntos en trámite, sean transferidos a las dependencias que las sustituyen o bien a la Presidencia de la República.
El criterio que se ha optado para elegir a las dependencias que asumirían las funciones de las que desaparecerían es el de seleccionar los ramos administrativos que funcionalmente resultan más compatibles, precisó el Ejecutivo.
En el caso de las secretarías de la Reforma Agraria y Turismo, salvo excepciones muy puntuales, se ha privilegiado trasladar las funciones en bloque a las secretarías de Desarrollo Social y de Economía, respectivamente.
En el caso de la Secretaría de la Función Pública su competencia se distribuiría entre la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además se propone en su lugar la creación de la Contraloría General de la República, que se dedicaría a investigar conductas u omisiones que probablemente constituyan responsabilidades administrativas.
"Es decir, será un órgano dedicado a vigilar el cumplimiento de la legalidad en el servicio público, la prevención y atención oportuna de los casos específicos de corrupción", detalló.
En cuanto a la administración del patrimonio inmobiliario federal, será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que asuma las funciones que hoy en día realiza la Función Pública.
Además el Ejecutivo Federal planteó la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria y la transferencia de sus funciones a la de Desarrollo Social (Sedesol).
Ello debido a que la Sedesol tiene competencia en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ejecuta programas para sectores sociales desprotegidos.
Indicó que ello se complementaría con las funciones de ordenamiento de la propiedad rural y la atención de conflictos agrarios que actualmente realiza la Reforma Agraria.
De igual manera propuso la desaparición de la Secretaría de Turismo, cuyas funciones serían transferidas a la de Economía, que cambiaría su denominación para convertirse en la Secretaría de Economía y Turismo.
Sin embargo, la corporación conocida como µngeles Verdes formaría parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que asumirá la prestación de servicios de asistencia, emergencia mecánica, auxilio y apoyo al tránsito de personas por los caminos y puentes federales.
Una vez aprobadas estas reformas habrá "una vacatio legis" de 90 días, para que las dependencias involucradas instrumenten conjuntamente la transferencia de funciones y recursos de una secretaría a otra o bien a la Presidencia de la República.
En cuanto a los trabajadores de las dependencias que desaparecen, se respetará íntegramente sus derechos y se establecerán mecanismos para que opten por el retiro voluntario o la indemnización en los casos que resulte procedente.
Además el gobierno federal los apoyará de manera directa para que continúen su vida productiva y tendrán apoyos en asesoría, capacitación y becas para ayudarlos a la reinserción en el mercado laboral.
También se extenderá temporalmente la cobertura de los servicios médicos prestados por el ISSSTE a los trabajadores de las dependencias y entidades que concluyan su relación laboral con motivo de la reestructura y compactación.
La iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fue turnada a comisiones de la Cámara Alta para su análisis y dictaminación.