La solicitante requirió conocer, sobre la extracción ilegal de minerales, el valor del material, la organización criminal que extraía el mineral y el daño ambiental provocado; sobre las minas clausuradas, el motivo de la clausura, su duración y las sanciones impuestas, y en torno a la detección de cargamentos de origen ilegal, el puerto dónde ocurrió, la mina de procedencia y el destino de la carga.
En respuesta al particular, la Profepa indicó que su sistema informático sólo contempla datos sobre el incumplimiento de las obligaciones ambientales.
Inconforme, la particular pidió al IFAI la revisión de su asunto, el cual fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana.
En su defensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente modificó su respuesta y proporcionó a la particular la información solicitada respecto de las minas clausuradas, omitiendo los datos relativos a la duración de la clausura y sanciones impuestas.
Del análisis del expediente, la comisionada ponente concluyó que la Profepa no turnó la solicitud de acceso a todas sus unidades administrativas competentes, toda vez que además de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, cuenta con al menos otras seis áreas que conocen de la extracción ilegal de minerales, de las denuncias relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones ambientales y de las acciones de inspección y vigilancia en los puntos de entrada al país.
Areli Cano agregó, además, que en relación con la extracción ilegal de minerales la Profepa conoce de las acciones presentadas ante el Ministerio Público Federal o autoridades jurisdiccionales por violaciones a la legislación administrativa o penal, en que resulte afectada o se afecta al medio ambiente.
Cano Guadiana destacó, que al conocer la información antes referida, las autoridades pueden crear bases de datos que sirvan para diseñar estrategias en el combate a la delincuencia, prevenir daños ambientales, ubicar las rutas de tráfico y los países de destino.
“Si bien la minería trae consigo beneficios a la economía nacional, su explotación ilícita e irregular implica un uso indebido de la propiedad pública sobre la tierra, desaprovecha abiertamente los recursos naturales y ocasiona daños en el medio ambiente, en la salud, en la vida de trabajadores y comunidades”.
Por lo anterior, el Pleno del IFAI revocó la respuesta de la Profepa y le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida en las unidades administrativas competentes para ello y entregarla con el desglose solicitado por la particular.