El Informe 2009 de agresiones contra la libertad de expresión en México, presentado por organizaciones civiles como Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, revela que ocho de los periodistas asesinados cubrían información policiaca o política local.
De acuerdo con el reporte, 65 por ciento de los presuntos responsables de las agresiones son funcionarios públicos y siete por ciento integrantes o simpatizantes de partidos políticos; aunque en 14 por ciento de los casos no se logró determinar al agresor.
Además, en seis por ciento de las agresiones los grupos del crimen organizado aparecen como supuestos actores responsables, que corresponden a las agresiones más violentas.
De los ataques vinculados a funcionarios públicos casi 60 por ciento fueron presuntamente cometidos por fuerzas de seguridad, donde se incluye a militares y a diversas corporaciones de policía, tanto ministeriales como de seguridad pública.
Por niveles de gobierno, 72 por ciento de los supuestos responsables fueron funcionarios estatales y municipales, detalló Brisa Solís, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, quien dio lectura al informe referido.
Indicó que los estados con mayor número de agresiones son Oaxaca y Veracruz, donde el patrón que se reproduce es en agresiones hacia medios de cobertura local. Mientras que en el caso de Chihuahua, casi la mitad de las agresiones corresponden a efectivos militares.
Sin embargo, teniendo en cuenta como parámetro la densidad de población y gravedad de las agresiones, sobresalen Durango, con tres asesinatos; Michoacán, un asesinato y una desaparición; Guerrero, dos asesinatos, y Sinaloa, un asesinato y agresiones por parte de militares.
Ante ese panorama, Darío Ramírez, director de Article 19, y Brisa Solís, propusieron crear un comité de protección de periodistas, con la participación del gremio, instancias no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Los representantes de las organizaciones mencionadas, también propusieron la reforma y el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas y federalizar las agresiones a la libertad de expresión.
