El presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger, expresó el respaldo de este sector a los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para impulsar reformas a la Ley Federal de Trabajo, indicó el organismo en un comunicado.
En la última década los empresarios han insistido en una reforma a la legislación del trabajo con el fin de reducir los costos a las empresas y elevar la competitividad de la economía mexicana frente a otros países.
Presburger entregó sus propuestas para esta reforma, entre las que incluyó la profesionalización de los tribunales del trabajo con abogados titulados para garantizar resoluciones con alto nivel.
Asimismo, pidió agilizar los procesos legales para la contratación y despido, con el fin de generar "respuestas oportunas ante las exigencias del mercado".
En el caso de los despidos, solicitó que se reduzca a un trámite simple con una sola notificación al trabajador o a la Junta de Conciliación.
Asimismo, pidió limitar el monto de "salarios caídos", que equivalen al pago del trabajador mientras dura un juicio laboral, debido a que "se han convertido en un lucrativo negocio para la gente dedicada a las malas prácticas".
También incluyó entre sus peticiones eliminar de la ley la figura de "emplazamiento a huelga por firma de contrato, que solo ha dado lugar a extorsiones, así como eliminar las llamadas huelgas por solidaridad, "que resulta inexplicable a inversionistas nacionales y extranjeros".
Agregó que las huelgas declaradas, deben tener un plazo prudente para evitar los paros eternos que provocan la muerte de las empresas.
Por su parte, el secretario de Trabajo, Javier Lozano, informó que en el segundo trimestre de este año, el desempleo entre los jóvenes entre 14 y 24 años que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) fue del 9.83 por ciento en tanto que la participación de la mujer en el mercado laboral es de menos del 35 por ciento.
Indicó que el 81 por ciento de la PEA percibe menos de 5 salarios mínimos, que equivalen a menos de dos dólares diarios.
Respecto a la demanda de limitar los "salarios caídos", dijo que su postura es de que se limite a un máximo de seis meses este pago, y en aplicar un arbitraje obligatorio a los 63 días de una huelga.
Lozano defendió la libertad económica, la libre competencia, la seguridad jurídica sobre la propiedad privada; la validez, exigencia y aplicación de los contratos, y por la propiedad intelectual.